El Departamento de Educación del Gobierno vasco ha habilitado una partida de ayudas extraordinarias dotada con un millón de euros dirigida al alumnado con derecho a transporte escolar afectado por la falta de este servicio durante los primeros días del inicio escolar para paliar los gastos que han tenido que afrontar las familias.
El consejero de Educación, Jokin Bildarratz, ha anunciado estas subvenciones durante la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, que ha aprobado estas ayudas que se podrán solicitar durante un mes a partir del día siguiente de la publicación de la orden en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV).
Previsiblemente se publicará el 26 de septiembre por lo que el plazo estará abierto entre el 27 de este mes y el 26 octubre, ambos inclusive, ha anunciado el consejero.
El pasado 5 de septiembre el BOPV publicó una orden que obligaba a las empresas que el anterior curso educativo operaban las líneas de transporte escolar de centros públicos y que este año habían quedado desiertas a prestar estos servicios en el curso 2023-2024.
Únicamente el 31 % de las rutas se licitaron ya que la mayoría de empresas de transporte consideraron que las condiciones del concurso les perjudicaba y no eran rentables. En Gipuzkoa prácticamente todas (98 %) están cubiertas, mientras que en Araba solo el 5 % en Araba y en Bizkaia ninguna.
MÁS DE 10.000 ALUMNOS AFECTADOS
Las rutas que quedaron desiertas afectaban a más de 10.000 alumnos, de ahí que el Departamento de Educación publicara una orden que les obligaba a prestar este servicio.
Sin embargo, las empresas se negaron a ello al inicio del curso y miles de alumnos, principalmente de las zonas rurales, se quedaron sin transporte, aunque ayer lunes las empresas acataron la orden tras llegar a un acuerdo con Educación y retomaron los servicios mientras ambas partes negocian soluciones.
Por tanto, al prestarse este servicio desde ayer, las ayudas para compensar económicamente a las familias afectadas se circunscriben a los pocos días en los que no ha habido trayectos, "unos siete u ocho", ha señalado Bildarratz.
0,29 EUROS POR KILÓMETRO
Se abonará 0,29 euros por kilómetro teniendo en cuenta dos recorridos de ida y vuelta entre el domicilio y el centro escolar por día lectivo con jornada partida y un recorrido de ida y vuelta por día lectivo con jornada continua.
Para la medición de las distancias se utilizará la herramienta basada en la cartografía "GeoEuskadi".
Se estima, ha explicado Bildarratz, que son 7.400 familias las afectadas que por cada hijo recibirán las correspondientes ayudas ya tasadas por el Departamento en función de la distancia entre el domicilio y el centro escolar. Por ejemplo, si una estas familias tiene tres hijos, cobrará tres ayudas.
El documento de solicitud se podrá presentar tanto de forma telemática como en formato papel ante la dirección del centro docente donde el alumno cursa los estudios. Es el único trámite que los afectados deberán hacer y no tendrán que presentar ninguna documentación.
La convocatoria está dirigida al alumnado de tercer curso del primer ciclo de Educación Infantil, de segundo ciclo de Educación Infantil, de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria y de Formación Profesional Básica con derecho a transporte escolar.
BUSCAR SOLUCIONES PARA UN MEJOR SERVICIO
El compromiso adquirido entre las partes, ha subrayado el consejero, es hablar de "todo" hasta finales de año para analizar la situación y los problemas y encontrar soluciones para poder dar "un mejor servicio" y cubrir las necesidades de las empresas, muchas de ellas "cuestiones técnicas", ha explicado el consejero.
Al inicio del conflicto Bildarratz señaló que se habían detectado prácticas "sospechosas" y probablemente "ilícitas" entre algunas de estas empresas para no presentarse a los concursos con el fin de obtener beneficios económicos, por lo que el Departamento de Educación decidió remitir toda la información de la que dispone a la Autoridad Vasca de la Competencia y a la Fiscalía ante los "indicios de delito" de estas prácticas.
Tras el acuerdo con las empresas para prestar el servicio y dialogar, el consejero ha reconocido que esta remisión de información a la Fiscalía es causa de "preocupación" para las empresas, y ha insistido en que este asunto está en manos de los servicios jurídicos, aunque no ha aclarado si se aparcarán estas denuncias.
Ahora, ha dicho, es el momento de establecer una relación de "confianza y trabajo" con las empresas y analizar "todos los hechos". "La situación ha cambiado", ha reconocido.
