Las asociaciones de transportistas que han cubierto el servicio de autobús de los centros educativos públicos en Euskadi en cursos anteriores estudiarán este miércoles, en función a las recomendaciones de sus asesores legales, si iniciar mañana o no ese servicio, ante el comienzo del nuevo curso.
Fuentes de las asociaciones que ofrecen ese servicio han explicado a EFE que el servicio de autobús en los centros públicos no está garantizado a pesar de la orden del Gobierno vasco, y que "aún están abiertos los dos escenarios: que mañana se salga o no".
El Boletín Oficial del País Vasco publicó este martes la orden del Gobierno vasco que obliga a las empresas que operaron el pasado curso las líneas de transporte escolar de los centros públicos, a prestar ese servicio en el curso de comienza.
Con esa orden, el Ejecutivo buscaba garantizar el transporte escolar al inicio del curso y se emitió después de que el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, afirmara haber detectado prácticas "sospechosas" y probablemente "ilícitas" entre algunas de estas empresas para no presentarse a los concursos de esas líneas.
Educación informó de que remitiría esa información a la Autoridad Vasca de la Competencia y a la Fiscalía ante los "indicios de delito" de estas prácticas.
Únicamente el 31 % de las rutas están licitadas, aunque hay notables diferencias entre territorios. En Gipuzkoa prácticamente todas (98 %) están cubiertas, porcentaje que desciende al 5 % en Araba, mientras que en Bizkaia no se ha licitado ninguna.
Las rutas cuyas licitaciones quedaron desiertas afectan a más de 10.000 alumnos que podían quedarse sin transporte escolar, según se recoge en la orden, que manda a las compañías a dar el servicio en las rutas que hacían el curso anterior "hasta en el momento en el que pueda comenzar a ejecutarse un nuevo contrato".
Se les abonará el coste real del servicio, además de un beneficio industrial del 6 % como establece la legislación vigente, según establece Educación.
Contra esta orden se puede interponer un recurso ante el consejero de Educación en el plazo de un mes o un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en un período máximo de dos meses.
Los asociados del sector llevan desde ayer analizando el contenido de la orden con sus asesores legales y "estudiando las posibilidades" que les quedan, por lo que, han aclarado, no está aún decidido.
