Garantizar la autosuficiencia de Euskadi en el vertido de residuos inertes de tipo industrial en dos años, para dejar de exportarlos, y reducirlos al mínimo posible en ocho, al 15 % de lo generado, lo que supondrá dejar de verter 10 millones de toneladas para 2030, son los principales ejes en los que actuará el Gobierno Vasco.
La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, lo ha anunciado este miércoles en una rueda de prensa en San Sebastián, en la que ha dado cuenta del trabajo que desarrolla su departamento para "ir cumpliendo" los objetivos del Plan de Prevención y Gestión de Residuos del País Vasco (PPGR2030).
En su comparecencia, ha explicado "la hoja de ruta" de los próximos años para aminorar lo que va a vertedero y también lo que se hará para lograr la gestión propia en su totalidad a partir de 2024, que precisará, según ha dicho, ampliar o adecuar temporalmente algunos vertederos existentes públicos o privados.
Se trata de gestionar, como ha explicado, más de una veintena de tipos de residuos no urbanos ni peligros, que son los de su competencia, entre ellos más "típicos" y abundantes, como escorias de acería, papel y plástico, tierras o los provinientes de la construcción y demolición (RCD), así como de otros menos habituales aún pero con visos de aumentar, como paneles solares, baterías o biomasa forestal.
Un "giro completo" al tratamiento de residuos
Tapia ha remarcado que, su departamento tiene previsto un paquete de medidas que darán "un giro completo al modelo de tratamiento" de esos residuos y que impulsarán el reciclaje y la valorización, es decir, la reutilización de materiales secundarios.
Además de asegurar la autosuficiencia en la gestión, se "reforzará" el control de la administración vasca a la actividad de todos los vertederos, así como del "adecuado cierre o clausura" al final de su vida útil, lo que implica seguimientos a lo largo de tres décadas.
Según las previsiones que ha manejado, hasta 2024 estarán activos ocho vertederos importantes en Euskadi: los guipuzcoanos de Epele en Bergara y el de Aizmendi gestionado por San Marcos en Donostialdea; el del concejo de Gardelegi en Vitoria; y los vizcaínos de Igorre, Bistibieta de Lemoa, Betearte de Mallabia, el de Zalla y el que se habilitará en Bilbao con motivo de la restauración de los terrenos deslizados del antiguo depósito de Artxanda.
La instalación de Mallabia no obstante se cerraría a lo largo del mismo 2024 y el de Epele al año siguiente, mientras que la ubicada en Lemoa se clausuraría en 2027 y la de Artxanda estará activa hasta el mismo 2030, cuando ya sólo podrán recibir vertidos los cuatro restantes.
Para conseguirlo, el Gobierno Vasco adoptará una serie de medidas, algunas ya en marcha, como la limitación de vertido, que prohíbe llevar al vertedero ciertos residuos y obliga a trasladarlo a plantas de tratamiento y reciclaje.
Están asimismo implementadas ayudas a proyectos de reciclaje y valorización, ha remarcado la consejera, que ha anunciado una decena de decretos en los próximos años para, entre otros fines, empezar a reutilizar ciertos materiales secundarios que se impedirá verter.
A principios de 2023 entrará en vigor el canon de 10 euros por tonelada vertida para los desechos no peligrosos por normativa estatal, que Euskadi planteará subir progresivamente hasta los 20 euros en 2025, aunque la tasa se revisará en función de los resultados, ha aclarado.
La consejera ha destacado que asimismo se va a "reforzar la implicación de la administración vasca en el seguimiento de la actividad" de los vertederos, aumentar el personal de inspección y sanción desde 2024, para poder hacer inspecciones cada año de las instalaciones en activo y controles periódicos en los inactivos.
Fijar un límite máximo de vertido anual para cada uno según sus características e incluir un tipo de "garantías financieras" para asegurar desde el punto de vista de la capacidad económica el sellado y clausura de este tipo de instalaciones, son otras de las medidas anunciadas.
