- La reforma de la ley del aborto que diseña Igualdad obliga a los hospitales públicos con servicio de ginecología y obstetricia a contar con profesionales que practiquen abortos, elimina la obligación del periodo de reflexión de tres días y acaba con la exigencia del consentimiento paterno para las chicas de 16 y 17 años.
Lo anunció la ministra de Igualdad, Irene Montero, durante su comparecencia en la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados, en la que indicó que será la mujer quien decida el método de interrupción del embarazo; en el centro de salud le darán toda la información necesaria y la derivarán al hospital por procedimiento de urgencia. La reforma elimina el consentimiento paterno que introdujo el Gobierno del PP para las menores de 16 y 17 años. “Del mismo modo que son responsables para trabajar o tener relaciones sexuales, lo son para decidir sobre sus cuerpos”, incidió Montero.
Igualdad apuesta también por avanzar en el reconocimiento de un permiso maternal preparto; prevenir y erradicar “la violencia ginecobstétrica e impulsar las buenas prácticas que muchos hospitales” ya desarrollan; garantizar la salud menstrual y ofrecer educación sexual en todos lo niveles educativos. “Es responsabilidad del Estado ofrecer una educación que permita el acercamiento de los más pequeños a la sexualidad desde la igualdad y el respeto al otro, a la otra”, manifestó la ministra.
En su discurso reiteró los obstáculos que padecen muchas mujeres y que les impiden ejercer su derecho a abortar, como “la presión y las críticas” que sufren o el tener que desplazarse cientos de kilómetros porque “no existen recursos públicos en sus provincias para hacerlo”.
El 87,25% de las interrupciones voluntarias del embarazo de 2020 se realizaron en entornos extra hospitalarios, de los que el 78,04% fueron en centros privados. “Existe un problema de accesibilidad, gratuidad y equidad territorial”, dijo.
