vitoria - Confirmó ayer el consejero de Medio Ambiente, Iñaki Arriola, que el desplome de una pared del vertedero despertó un problema latente en Euskadi: la gestión de los residuos industriales en un territorio pequeño y con una capacidad limitada de tratamiento de los mismos. El de Zaldibar es uno más de la red formada por quince instalaciones que según los últimos datos, gestionan 2,2 millones de toneladas de residuos: un 26% son de la industria siderometalúrgica y papelera; un 23%, urbanos y de construcción; un 22%, rechazos del tratamiento de residuos, y un 29%, de distintos tipos.

La fotografía del vertedero colapsado no difiere mucho de esa más general. Eso sí, tal y como ilustró el consejero, la entrada de residuos de construcción con fibrocemento -que tienen amianto- tuvo un crecimiento constante desde las 337 toneladas de 2012 a las 4.253 toneladas de 2019. “En total 16.148 toneladas, lo que representa el 0,57% del total de los residuos depositados en el vertedero”, detalló el consejero.

El vertedero era llenado a un ritmo mayor del previsto inicialmente pero, tal y como puntualizó Arriola, no hay un límite legal para ello. Todo “depende de un correcto Plan de Explotación y cumplimiento de la Autoridad Ambiental Integrada, que hace plenamente responsable a la propiedad de la seguridad y estabilidad del vertedero”. La vida útil prevista para el vertedero era de 35 años, pero con la frenética actividad de los últimos años -185.022 toneladas en 2012, 379.689 en 2017, mientras que en 2018 y 2019 sobrepasó las 500.000- “le podían quedar un máximo de dos o tres años, hasta 2022”, valoró el consejero.

Arriola también profundizó en el histórico de la empresa Verter Recycling, titular del vertedero. Y lo hizo repasando las inspecciones a las que han sido sometidas las instalaciones desde su apertura. En total, siete inspecciones: la previa a la concesión de efectividad en 2011; inspecciones de seguimiento en 2013, 2014, 2017 y 2019, y, además, dos visitas enmarcadas en planes específicos de control, en 2014 y 2016.

Las últimas tuvieron lugar los días 10 de junio y 10 de julio de 2019 y se saldaron con 23 “desviaciones, ninguna de gravedad” y, en palabras de Arriola, “ninguna vinculada con la estabilidad del vertedero”. “Si se hubiese encontrado algún indicio, se habría recogido en el acta y se habrían tomado las medidas adecuadas con la urgencia debida”, zanjó. El estudio de estabilidad firmado por la empresa Lurtek, elaborado en mayo de 2019, manifiesta en sus conclusiones que “el vertedero es estable con la configuración actual”. En todo caso, los 23 incumplimientos motivaron un expediente sancionador que Arriola firmará “en los próximos días” y, según avanzó, se le abrirá otro por el derrumbe ocurrido el día 6.