madrid - La comisión de expertos penalistas encargada de revisar la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal ultima un acuerdo según el cual todos los abusos sexuales serán considerados agresiones o violaciones y las penas serán revisadas, pero la máxima por violación se mantendrá en 15 años.
Los expertos de la sección penal de la Comisión General de Codificación, que asesora al Ministerio de Justicia en esta materia, avanzaron ayer en la adecuación de los artículos del Código Penal a la realidad actual, si bien no han cerrado el texto definitivo, según informaron miembros de este órgano.
Los aspectos que ofrecían más dudas están prácticamente resueltos por consenso, de acuerdo con estas fuentes, optimistas ante la previsión de cumplir el plazo de fin de año para presentar el documento definitivo.
Una de las cuestiones objeto de discusión era la de la pena máxima por violación, que ahora es de quince años, exactamente la misma que por un homicidio.
Los penalistas han resuelto ese problema mediante la precisión de las circunstancias en las que se deberá aplicar esa condena máxima; es decir, siempre que concurran al menos dos consideradas muy graves, como por ejemplo el uso de armas que pongan en riesgo la integridad de la víctima o un trato degradante o vejatorio.
También hay acuerdo en cuanto a la idea de incluir en el capítulo de “agresiones sexuales”, lo que hasta ahora se consideran “abusos”. Las fuentes consultadas han indicado que se ha apostado por este modelo (en el que se diferencian las agresiones según su gravedad) a pesar de reconocer que es un cambio con pocos efectos en términos punitivos.
“Se comunica mejor”, afirmaron las fuentes sobre este asunto, que fue clave en el caso de La Manada, en el que los cinco acusados de violar a una joven en sanfermines de 2016 fueron condenados por abuso sexual y no por agresión al no apreciar el tribunal ni violencia ni intimidación en su actuación.
cambios Fue precisamente la polémica generada por esa sentencia la que llevó al anterior gobierno a encargar a la comisión la revisión de los tipos relativos a la libertad e indemnidad sexual, unos trabajos que ahora están próximos a su final tras siete meses.
El entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá (PP), anunció que el Ejecutivo estudiaría una reforma sobre los delitos sexuales en España y prometió que tendría lista “en semanas” una primera propuesta que aún está pendiente casi ocho meses después. El organismo ha mantenido desde mayo dos encuentros -sin contar con el inicial en el que no se pudieron constituir por las protestas por la falta de paridad-.
El acuerdo de los penalistas incluye cambios en la tipificación de las circunstancias en las que se producen las agresiones sexuales y, con ello, su incidencia en la pena aplicada.
Y se introducen matices necesarios para adecuar el Código a la realidad actual: por ejemplo, se distingue si una víctima ha tomado alcohol o drogas por voluntad propia o si ha sido drogada y su voluntad anulada, lo que implica una responsabilidad aún mayor para el autor de la agresión. - Efe/DNA
