Madrid - El soldado del Ejército de Tierra Alfonso Jesús Cabezuelo, uno de los miembros de La Manada condenado a nueve años de prisión por abusos sexuales en los Sanfermines de 2016, ha sido expulsado de las Fuerzas Armadas, según informó el Ministerio de Defensa. Cabezuelo se encontraba en situación de servicio activo desde que la Audiencia Provincial de Nafarroa decretó la puesta en libertad condicional de los cinco condenados por el abuso de una joven en Iruñea en 2016. Defensa argumentó que adoptaba esta decisión “por imperativo legal” y lo adscribió administrativamente a la Subdelegación de Defensa de Sevilla.

Sin embargo, decidió no asignarle destino en aplicación del artículo 111.3 de la Ley de la Carrera Militar, que permite adoptar esta decisión tras una condena y valorando “los hechos imputados, la trascendencia social y el interés del servicio”.

El soldado estuvo suspendido de funciones desde que fue detenido por los abusos sexuales y entró en prisión. Sin embargo, una vez decretada su libertad, el Ministerio dirigido por Margarita Robles explicó que “no podía evitar” su vuelta al servicio activo ya que, a falta de sentencia firme, el Reglamento impone un plazo máximo de seis meses durante los que un militar puede estar suspendido en sus funciones. En cualquier caso, se abrió contra Cabezuelo un expediente administrativo por condena por delito doloso que se resolvió con la resolución del compromiso que tenía adquirido con las Fuerzas Armadas.

Críticas del abogado Tras conocerse esta resolución, el abogado Agustín Martínez Becerra, quien ejerce la defensa de Alfonso Jesús Cabezuelo, advirtió ayer de que la resolución del Ministerio de Defensa “no es firme” ni “efectiva”, criticando el “marketing populista y propagandístico” que a su juicio impregna la difusión de dicha decisión. Agustín Martínez Becerra advirtió de que la resolución que zanja la expulsión de este último de las Fuerzas Armadas se formaliza pese a que aún no media una sentencia firme sobre el asunto. A su juicio, la condena “en primera instancia” emitida por la Audiencia navarra y recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad foral “no puede ser tomada como una verdad absoluta”, lo que le llevó a criticar esta “aplicación extensiva e injustificable” de las normativas, más aún cuando la propia ministra de Defensa, Margarita Robles, “es miembro de la carrera judicial”.

Es más, el abogado avisó de que la propia resolución de expulsión de las Fuerzas Armadas “todavía no es firme” y es recurrible tanto en el plano administrativo, como por la vía Contencioso Administrativa, por lo que se trata de una decisión que aún “no es efectiva”. Por eso, criticó especialmente que el Ministerio de Defensa haya difundido una nota de prensa “con el nombre y los apellidos” del citado militar, “vulnerando de forma flagrante la Ley de Datos y la protección que esta persona sigue mereciendo, porque por mucho que le cueste a la ministra, él sigue siendo inocente hasta que exista una sentencia firme” y la misma sea condenatoria. “Publicar su nombre en una nota de prensa nos parece un nuevo exceso”, lamentó. “Sorprende esa necesidad de publicitar y hacer populismo barato con comunicaciones que van destinadas a un intento de obtención de una imagen frente a la población, mucho más allá del cumplimiento de la Ley y de los derechos civiles de los denunciantes y los denunciados”, aseveró el abogado, advirtiendo de que la mencionada resolución le fue comunicada el pasado 16 de octubre. - E. P.