Madrid - Poner fin al consumo de alcohol en menores, “un problema absolutamente desmedido con cifras enormemente alarmantes”, pasa por la educación y la sensibilización, “más allá de cualquier tipo de medida sancionadora y reglamento jurídico”, afirma con claridad el vicepresidente de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), Ignacio Calderón. Lamenta que la parte sancionadora haya generado “una alarma desmedida, desproporcionada y poco real” frente a lo que dice el documento que, explica, realiza esta propuesta solo ante conductas de gravedad y de reincidencia; y que, aunque habla de sanciones que pueden tener un componente económico, también habla de alternativas a esas sanciones.

En su opinión, la alarma que han generado las posibles sanciones se encuentra en el desconocimiento de que la Ley del Menor es una herramienta que está ahí con independencia de la futura Ley de consumo de alcohol en menores, y que “tiene que ver con elemento de responsabilidad institucional”, que se aplica ya en situaciones específicas que ponen en riesgo la salud del menor. En cualquier caso, considera que “las leyes tienen que tener un sentido común para que la población las acepte”, y, ante problemas como el consumo de alcohol en menores, “la implicación de la sociedad es clave”.

Calderón confía en que, “cuando salga el proyecto, el Ministerio de Sanidad sabrá modular estas cuestiones para que sea una ley más útil que provocadora”. Pero, advierte, “si la sociedad no se implica no hay ninguna posibilidad de acabar con el problema, porque las leyes nunca arreglan las cosas por sí mismas”.

Optimista ante el próximo y esperado desde hace años desarrollo de la futura norma, considera que “no hay que tener miedo”, aunque no puede obviar la dificultad de legislar un tema tan complicado. No obstante, a diferencia de otras leyes que quedaron en papel mojado, en esta ocasión observa un cambio fundamental: “se ha empezado el piso por la planta baja, partiendo del gran problema que existe con los menores”; y además, se ha conseguido con un gran consenso entre todos los grupos parlamentario.

El desarrollo de la nueva legislación debe pensarse desde la perspectiva de que el objetivo es un “cambio cultural”, lo cual será un trabajo complejo que debe partir de la educación de padres, hijos y sociedad en general. Para Calderón, y la institución que representa, este punto es clave; más allá de cualquier tipo de medida sancionadora y reglamento jurídico, “la base se encuentra en la educación”. “Defendemos que hay que formar y ayudar a los padres a que cumplan su función”, conociendo el problema y las herramientas que deben utilizar para que funcionen en sus hijos. - E.P.