Miles de holandeses se encuentran en pie de guerra por la ley aprobada la pasada semana por la que todos los ciudadanos se convierten automáticamente en donantes de órganos, salvo aquellos que hayan expresado su negativa en vida y lo hayan certificado en un registro específico. Sin embargo, Holanda no es pionera en esta materia. El Estado español tiene una ley que, de facto, es prácticamente idéntica aunque aquí nadie expresa ningún rechazo y casi nueve de cada diez familias dan permiso para donar los órganos de sus fallecidos.
La directora de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Beatriz Domínguez-Gil, advierte de que el cambio legislativo holandés puede tener un “efecto negativo en la ciudadanía porque se ha manejado de una forma algo torpe”. “Muchas personas pueden percibirlo como un intento de fiscalización de los órganos por parte del Estado”. La directora de la ONT explica que en España la ley de consentimiento presunto en la donación es “idéntica” a la de Holanda y a la de otros países pues parte del mismo concepto, de la base de que toda persona es donante salvo que haya expresado en vida su oposición a serlo. Sin embargo, asegura que “lo que puede variar mucho de un país a otro es en cómo se aplica el concepto”.
Así, según Domínguez-Gil, en Holanda lo que se plantea es una implementación “muy estricta” ya que hace falta que una persona se haya opuesto en vida a la donación, certificándolo así en un registro creado específicamente para ello, para que sus órganos no sean donados, “aparentemente sin tener demasiado en cuenta a la familia”. Mientras, en el Estado español, el deseo o rechazo a ser donante se puede expresar por cualquier medio, sin necesidad de que quede en un registro y vale, incluso, con hacerlo al entorno familiar. De esta forma, la familia del fallecido “siempre” es consultada y “en la práctica es la que tiene la última palabra”. “Si una familia se opone, nosotros no vamos a proceder nunca a la extracción de los órganos”, reconoce la directora de la ONT.
