HUESCA. Según han informado a Efe fuentes judiciales, los dos investigados, tras ser asesorados por su representante legal, se han negado a prestar declaración ante la responsable judicial y ratificar las manifestaciones hechas hace unos días ante los investigadores de la Guardia Civil.
El letrado ha alegado que no podía defender de forma adecuada a sus clientes sin acceder previamente al sumario del caso, por lo que les ha recomendado mantener silencio hasta que la juez levante el secreto de las investigaciones.
Al parecer, ambos investigados manifestaron ante la Guardia Civil que conocían que Naiara era objeto de "castigos" por parte de su tío político, en prisión por un presunto delito de asesinato desde el pasado 9 de julio, pero cuestionaron que fueran de carácter brutal desde tiempo atrás.
El padrastro de la niña llegó a informar a los agentes que sabía que su hermano castigaba a la menor por negarse a estudiar y que incluso le llegó a enviar un vídeo que mostraba a la víctima de rodillas sobre granos de sal.
Las fuentes citadas han destacado que el padrastro no llegó a informar a la madre, la argentina Mariela Alejandra Benítez, de estos castigos, que no consideró especialmente graves, para no preocuparla.
Las fuentes citadas han resaltado que, en cualquier caso, estas declaraciones serán consideradas nulas al no ser ratificadas en instrucción ni ser realizadas con asesoramiento.
Naiara ingresó el pasado 6 de julio en la UCI del Hospital Miguel Servet de Zaragoza con graves lesiones en su cuerpo, especialmente en la cabeza, y murió un día después a pesar de los esfuerzos realizados por los médicos.
Según fuentes próximas a la investigación, fue el propio tío político de la niña, Iván P.P., de 33 años, quien alertó a los servicios de emergencia, aunque en un primer momento informó de que la menor se había caído por la escalera.
Tras su detención, el propio sospechoso manifestó ante los agentes de la Guardia Civil responsables del caso ser el autor de las graves lesiones sufridas por Naiara, torturada, presuntamente, durante doce horas por el agresor antes de solicitar la presencia de las emergencias médicas.
En la causa está personado como acusación particular la anterior pareja sentimental de la madre y padre biológico de la niña, Manuel Briones, de nacionalidad argentina, quien considera responsable de lo ocurrido a la familia política de su hija.
Naiara vivía en Sabiñánigo junto a sus hermanastras y unas primas políticas, hijas del propio detenido, que estaban bajo custodia de la abuelastra de la niña asesinada.
Fuentes próximas a la investigación han insistido en que el perfil del detenido es el de una persona criada en un entorno de malos tratos y que ve con "normalidad" los castigos físicos como forma de educar, una visión que compartirían tanto su hermano como su madre.