madrid - La acumulación de irregularidades y los sobrecostes detectados en las obras de construcción del AVE Madrid-Barcelona han provocado una nueva operación policial con registro de sedes y domicilios, la detención de directivos de Adif -en algunos casos por segunda vez- y técnicos de empresas adjudicatarias, y la revelación de unas prácticas que inflan el coste de los proyectos para desviar posteriormente los fondos y beneficiar económicamente a empresas y particulares.
Ayer la Guardia Civil detuvo a catorce personas -entre ellas dos exdirectores de obra de Adif que ya fueron arrestados en 2014 en otra operación por fraude en la construcción del AVE- en el marco de una operación por el presunto sobrecoste de más de 82 millones de euros en tres proyectos de la estación ferroviaria de La Sagrera. En la operación, dirigida por el juzgado de instrucción número 26 de Barcelona a raíz de una querella de la Fiscalía, se investiga si directivos técnicos de las empresas que conforman las UTE inflaron los proyectos de construcción de la estación del AVE en La Sagrera, de sus accesos y de la plataforma de la línea de alta velocidad en el sector Sant Andreu del tramo La Sagrera-Nudo de la Trinitat, con el fin de cobrar por trabajos no ejecutados, con la complicidad de responsables de obra de Adif. La Fiscalía sospecha que en estas obras se habrían emitido reiterada e intencionadamente sucesivas certificaciones de obra por importes muy superiores a los trabajos realmente realizados.
La titular del juzgado de instrucción número 26 de Barcelona investiga a los presuntos miembros de la trama corrupta por los delitos de malversación de caudales, falsedad documental y prevaricación. Además, la juez está investigando si los responsables de validar las obras infladas por la trama pudieron haber recibido sobornos a cambio de permitir los sobrecostes, por lo que se les podría acusar también de un delito de cohecho.
Por ese motivo, la magistrada ha ordenado a la Guardia Civil que en sus entradas y registros busquen dinero en efectivo, todo tipo de dádivas y evidencias de viajes que puedan haber sido pagados por la trama supuestamente corrupta para que los funcionarios públicos dieran por buenas sus certificaciones de obra.
La actuación policial se deriva de una denuncia presentada por Adif en noviembre de 2014 ante la Fiscalía Anticorrupción. Ya en mayo de ese mismo año, la Guardia Civil detuvo a nueve personas, entre funcionarios de Adif y directivos de empresas adjudicatarias, por malversar presuntamente 6 millones de euros de caudales públicos en varias obras del proyecto de AVE a Barcelona.
En la operación de 2014 -denominada Operación Yogi- se investigó a la empresa Corsan Corviam, adjudicataria de otro sector del tramo La Sagrera-Nudo de la Trinitat, también por inflar la facturación de la obra supuestamente con la complicidad de los mismos dos excargos de Adif que ayer volvieron a ser detenidos acusados de irregularidades similares. Uno de ellos era gerente de infraestructuras y el otro fue director de Alta Velocidad de la zona noreste. La empresa implicada en aquel caso, Corsan Corviam, había ganado el concurso para el tramo por casi 68 millones sobre un precio de licitación de 98.
Las nueve personas detenidas en mayo de 2014 fueron acusadas de alterar repetidamente las mediciones técnicas de los trabajos de las obras, falsear después las certificaciones oficiales de la obra ejecutada y camuflar el desvío en la certificación final para dar justificación aparente a más trabajos de los que realmente habían efectuado.
elevados sobrecostes El Tribunal de Cuentas ya advirtió en 2013 de un sobrecoste del 31% en las obras de construcción de la línea ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, equivalente a 1.732 millones de euros, y abrió expedientes por irregularidades en las obras y por no imponer penalizaciones a los constructores que incumplieron sus obligaciones contractuales
Un año antes de que salieran a la luz estas operaciones policiales, el Tribunal de Cuentas había presentado un informe de fiscalización de las principales contrataciones relacionadas con la construcción de la línea férrea entre 2002 y 2008, que cubría por tanto dos años de gobierno de José María Aznar y cuatro de José Luis Rodríguez Zapatero. En dicho documento, el Tribunal advertía de que los 8.966,71 millones de euros que costó la construcción del AVE entre Madrid y Barcelona supusieron un 31,4% más que el precio de adjudicación de los trabajos (6.822,83 millones) y un 18,8% más que el precio fijado en los concursos (7.550,42 millones).
Ayer, tras conocerse la nueva operación policial por presunto fraude en las obras del AVE, la empresa estatal Adif recordó que la investigación deriva de una auditoría interna que el propio gestor de infraestructuras ferroviarias llevó a la Fiscalía, tras detectar irregularidades en la facturación de obras del entorno de la estación de La Sagrera. Adif, recordó que en 2013 puso en marcha un paquete de medidas de control de la obras ferroviarias, en el que figuraba la creación de una Dirección de Auditoría Interna con el fin de “mejorar los sistemas de gestión y contratación” del ente.
Registros. La operación judicial de ayer incluyó el registro de oficinas de Adif en Madrid y Barcelona, de sedes de tres UTE (Unión Temporal de Empresas), integradas por ocho constructoras, y de domicilios particulares.
Detenidos. La Guardia Civil detuvo ayer a 14 presuntos integrantes de una trama acusada de inflar facturas en la construcción de la estación de alta velocidad de La Sagrera. Entre los detenidos figuran el exdirector de obras de Adif Jaime G.G. y el exdirector de Alta Velocidad de la zona noroeste del AVE Rafael R., que fueron arrestados en mayo de 2014 en otra operación similar.
En mayo de 2014 la investigación se centró en averiguar si funcionarios de Adif certificaron obras de Corsan por un importe muy superior a los trabajos ejecutados.
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La red está acusada de inflar facturas hasta generar un sobrecoste de más de 82 millones en tres obras del AVE cercanas a la estación de La Sagrera.
