madrid - El Tribunal Constitucional (TC) admitió ayer a trámite los seis recursos planteados contra la Lomce por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, el Gobierno y el Parlamento de Catalunya y los Gobiernos de Andalucía, Asturias y Canarias. Queda pendiente el formalizado por el Gobierno Vasco, después de que el Gobierno español se haya avenido a negociar con el Ejecutivo Urkullu los puntos de fricción de la reforma contenidos en el recurso dentro de la Comisión Bilateral abierta. Aunque hay pocas esperanza de que suceda, de fructificar la nueva ronda de negociaciones el Gobierno Vasco retiraría su recurso.

La admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo de los recursos, que el Tribunal Constitucional resolverá "en próximas fechas". Tampoco implica la paralización de la Lomce, que entró en vigor el pasado 30 de diciembre y que comenzará a implantarse el próximo curso en Primaria y en la nueva Formación Profesional Básica. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, quitó importancia a la decisión del alto tribunal ya que según señaló en los pasillos del Congreso, la aceptación de los recursos "es un trámite absolutamente automático".

Cada recurso tiene sus particularidades, aunque la mayoría de las comunidades centran gran parte del argumentario en invasiones competenciales y coinciden en la impugnación de determinados artículos de la ley: los reguladores de la enseñanza de Religión, la educación diferenciada y el adelanto de los itinerarios formativos en la ESO. El Constitucional ha acordado dar traslado de cada una de las demandas al Congreso, al Senado y al Gobierno, que dispondrán de 15 días para personarse en los distintos procedimientos y formular las correspondientes alegaciones.

Los dos recursos catalanes inciden en la cuestión lingüística, en especial en la controvertida disposición adicional 38 por la que la Generalitat debería asumir el coste de la escolarización privada en castellano de los alumnos que lo deseen cuando no se les garantice una oferta razonable sostenida con fondos públicos. Para los socialistas la Lomce segrega a los estudiantes en itinerarios académicos, también los divide por sexos al permitir financiar con fondos públicos colegios de educación diferenciada. Además, los centros pueden seleccionar a los alumnos, se impide la participación real de las familias en los centros escolares, se elimina Educación para la Ciudadanía y se impone Religión como alternativa obligatoria a una clase sobre Valores. Andalucía enfatiza que la norma "vulnera", entre otros, el artículo 14 de la Constitución, que garantiza la igualdad y no discriminación, o el 16.3, que declara el carácter aconfesional del Estado. Y el gobierno asturiano, por su parte, considera que la reforma contraviene la Constitución porque persigue dejar fuera del sistema a un gran número de estudiantes mediante la imposición de barreras como las "reválidas o los ranking de centros".

El Gobierno Vasco autorizó en febrero interponer un recurso de inconstitucionalidad contra 19 artículos de la norma, al entender que la Lomce tiene un carácter "injustificadamente homogeneizador" que choca frontalmente con los fines del sistema educativo vasco basado en "el profundo respeto a los valores democráticos, a la pluralidad y el bilingüismo, en la compensación de las potenciales desigualdades y en la integración de la diversidad en las aulas". La evaluación externa del alumnado al final de ESO y Bachillerato y el "tratamiento inasumible" de las lenguas cooficiales son algunos de los aspectos más preocupantes para el Ejecutivo Urkullu, como también lo es el establecimiento de gran parte del currículum educativo así como la vulneración del derecho fundamental a la educación, por ejemplo, mediante la segregación temprana del alumnado a los 15 años.