madrid - Médicos, ginecólogos, psiquiatras, Ongs, feministas, ciudadanía en general, oposición política y ahora incluso jueces. Todos creen que el anteproyecto de la reforma del aborto elaborado por Ruiz-Gallardón no sirve. Un informe preliminar elaborado por una de las dos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a cargo de dictaminar la reforma de la legislación del aborto, insta a la retirada del anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Mujer Embarazada. Arguye, entre otros motivos, que "proporciona una respuesta anacrónica criminalizadora" a la realidad de la interrupción del embarazo.
La ley más dura de la democracia que retrotrae a la mujer tres décadas en la historia es también insalvable para la judicatura. "Se aconseja reconsiderar y retirar este anteproyecto que nos aleja de los países de nuestro entorno y que supone un retroceso en el avance de los derechos y la igualdad de la mujer", dice el informe. A pesar de que uno de los proyectos legislativos más polémicos de esta legislatura no ha formado parte del debate sobre el estado de la nación, al CGPJ no le duelen prendas en reprobarlo sin fisuras. Este documento, que aún es un borrador, ha sido elaborado por la progresista Pilar Sepúlveda, que, junto a la conservadora Carmen Llombart, deben redactar el dictamen que marcará el posicionamiento del Poder Judicial respecto de la reforma del aborto. El CGPJ aún no ha decidido, no obstante, si al pleno que estudiará la cuestión en marzo llegarán dos propuestas o si las vocales tendrán que consensuar un texto único.
El informe preliminar firmado por Sepúlveda, al que ha tenido acceso Europa Press, dice que el anteproyecto "desconoce la evolución de la sociedad española al optar por dar una respuesta anacrónica criminalizadora y se encuentra anclado en una interpretación estática de la jurisprudencia constitucional sobre la base de lo sostenido en su día por el Tribunal Constitucional". En este sentido, recuerda que esa jurisprudencia estaba "dirigida al examen del sistema de indicaciones, no a evaluar un sistema mixto" como el de la actual ley de plazos, cuestión que sigue pendiente de resolución por el Tribunal Constitucional.
Con esta evaluación y la división interna en el seno del PP, Ruiz-Gallardón se vuelve a quemar con la reforma. Y es que el informe carga contra la normativa ya que afirma que representa "un regreso a la situación de inseguridad jurídica y prácticas extralegales que generó la legislación de 1985 y además, contempla un régimen aún más restrictivo, en el que la libertad de la mujer embarazada y la ponderación entre sus derechos a la intimidad, la dignidad, la vida y la integridad, decaen de forma evidente".
El informe señala que el anteproyecto contempla "la posición de la mujer como mero instrumento al servicio de la maternidad, necesitada de información y asesoramiento para decidir sobre su propia vida e intimidad y su integridad personal, sin tener en cuenta sus derechos fundamentales sino es en casos extremos y, aún más, después de haber sido asesorada".
No es definitivo. El dictamen hecho público marcará el posicionamiento final del Poder Judicial en marzo sobre la reforma del aborto.
El informe afirma que la normativa propuesta representa "un regreso a la situación de inseguridad jurídica y prácticas extralegales que generó la legislación de 1985".
"La iniciativa del Gobierno no puede considerarse como la respuesta adecuada a una demanda social de protección del concebido y más bien crea una innecesaria alarma social".
