Vitoria, 9 abr (EFE).- La Fiscalía de Álava solicita tres años de prisión y el pago de más de 45.000 euros a una mujer que vendió un trastero en Vitoria sin abonar los dos créditos hipotecarios pendientes y que siguió cobrando al comprador los plazos pactados incluso cuando la Caja Vital ya la había desahuciado.
El fiscal acusa a esta mujer, que será juzgada esta semana en la Audiencia Provincial de Álava, de un delito de estafa porque "continuó percibiendo el precio de compraventa" del trastero "después de conocer la iniciación de la ejecución hipotecaria e incluso después de haberse adjudicado el inmueble a la Caja Vital", entidad que le había concedido los dos créditos.
Según la calificación fiscal, a la que ha tenido acceso Efe, la acusada y el comprador firmaron un contrato de compraventa de un trastero ubicado en la calle Pintorería de Vitoria en mayo de 2008 por un precio de 48.000 euros, de los cuales 36.000 fueron abonados a la firma del contrato.
Ambas partes acordaron que los 11.000 euros restantes se abonarían en 22 plazos mensuales de 500 euros cada uno y, como la finca estaba grabada con dos créditos hipotecarios a favor de la Caja Vital, la propietaria se comprometió a cancelarlos antes de que se otorgaran las escrituras al nuevo propietario.
De este modo, el comprador comenzó a ingresar el dinero pactado, y lo hizo desde julio de 2008 hasta abril de 2010, periodo en el que pagó 9.822 euros, con lo que entregó a la vendedora un total de 45.822 euros.
Sin embargo, cuando el comprador se quiso ponerse en contacto con la vendedora para regularizar la situación y recibir las escrituras, ella no atendió a sus llamadas.
De hecho, canceló uno de los dos créditos que tenía pendientes pero dejó de pagar el otro desde enero de 2008, por lo que la Caja Vital interpuso una demanda en diciembre de ese mismo año en la que le reclamaba 24.519 euros.
El procedimiento de ejecución hipotecaria, del que se mantuvo puntualmente informada a la acusada, concluyó en junio de 2009, fecha en la que se sacó el trastero a subasta.
En diciembre el inmueble se adjudicó a la Caja Vital en pago de parte del crédito pendiente.
La mujer sin embargo, siguió percibiendo durante este periodo el dinero que le abonaba mensualmente el comprador a pesar de conocer que se había iniciado la ejecución hipotecaria, e incluso "después de haber dejado de ser propietaria" del trastero.
A juicio del fiscal, la procesada es autora de un delito de estafa porque hizo todo ello "a sabiendas de las consecuencias de su impago" y sin tener desde el inicio "ninguna intención de cumplir el contrato de compraventa", por lo que reclama para ella tres años de cárcel y el pago de una indemnización de 45.822 euros, correspondiente al dinero que le entregó el comprador. EFE
