Bilbao. El correcto funcionamiento del mercado de alquiler de viviendas depende de un difícil equilibrio entre los derechos de los propietarios y de los inquilinos que el Gobierno español quiere modificar con el anteproyecto de Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado de Viviendas que aprobó ayer en Consejo de Ministros. La iniciativa, que pretende dinamizar el mercado y poner un buen número de viviendas vacías en alquiler, ha sido recibida con escepticismo por el sector inmobiliario y las organizaciones de consumidores.
El director general de la web pisos.com, Miguel Ángel Alemany, señaló ayer que el plazo de 10 días para desahuciar al inquilino moroso "está siendo malinterpretado", ya que es algo que está "lejos de la realidad". Alemany afirmó que, en primer lugar, el casero tendrá que aportar pruebas de impago ante un juez, demanda que puede tardar en admitirse varios meses. "Lo que se ha reducido de un mes a 10 días es el tiempo que tiene el inquilino para cumplir con su deuda desde que sale a trámite esta demanda", añadió.
Advirtió de que, una vez pasados los 10 días, el periodo hasta la fecha de desalojo podría estar entre 5 meses y un año, y dijo que la nueva ley reduce el número de funcionarios en el día del desalojo de dos a uno, "en un esfuerzo por optimizar los recursos personales".
En el mismo sentido se manifestó el portavoz de la empresa privada de protección a propietarios Alquiler Seguro, Gerardo Neistat, quien aseguró que los procesos de desahucio "seguirán durando meses e incluso años, pues lo único que se va a reducir es el plazo para pagar la renta atrasada o para presentar alegaciones ante el juez". Neistat subrayó que los juzgados "son el gran cuello de botella que reduce la seguridad en el mercado de alquiler de viviendas, ya que están tan colapsados que tardan mucho tiempo en dictaminar resoluciones en estos casos". Para la firma, cuyo principal objetivo es evitar la morosidad, es "imposible" que los plazos para ejecutar los desahucios se puedan rebajar "dados los medios disponibles en los juzgados".
reforma desequilibrada En opinión de Facua-Consumidores en Acción, la nueva regulación "potenciará aún más la especulación inmobiliaria", al facilitar el desahucio de los inquilinos que cumplen con sus obligaciones, y criticó que el Ejecutivo "recorte derechos" a los arrendatarios. La organización tacha de "desequilibrada" la reforma legislativa, alegando que usa como "cortina de humo" la "necesaria" medida de limitar a diez días los desahucios a los morosos para "recortar derechos" al resto de arrendatarios, al permitir que "cualquier inquilino que asuma escrupulosamente los pagos de las rentas mensuales pueda ser echado a la calle" si el propietario requiere el piso para vivienda habitual.
En relación con las nuevas medidas, la OCU solicita que los plazos en los casos de impago se agilicen y "que se cambie la normativa para que deje de ser imprescindible contratar abogado y procurador en los juicios por desahucio". "Todo lo que sea facilitar la recuperación del inmueble en caso de impago del inquilino es positivo: si los propietarios tienen mayor seguridad estarán más dispuestos a alquilar", añade.
Para la organización de consumidores, "una cosa es agilizar los desalojos en caso de impago y otra es acortar los plazos del alquiler porque si se busca que el alquiler sea una opción equiparable, como en muchos países de nuestro entorno, inquilino y propietario deben tener unas garantías de estabilidad".
el mercado vasco El director de Planificación de Vivienda del Gobierno vasco, Mario Yoldi, aseguró ayer que el anteproyecto de Ley para el Mercado de Alquiler "reduce de forma muy importante los derechos de los inquilinos". En declaraciones a Radio Euskadi, Yoldi calificó de "negativa" la iniciativa del Ejecutivo español y dijo que observa "un cierto desequilibrio entre las posibilidades que se dan a los propietarios y a los inquilinos". El director recordó también que, en Euskadi, el Ejecutivo activa, "en caso de impagos" una serie de "políticas sociales", de forma que "sólo en caso que no tengan que ver con problemática social" se llega a "casos de desahucio".
Por su parte, el portavoz adjunto de CiU en el Congreso, Pere Macías, defendió la necesidad de "apostar de forma decidida" por el régimen de alquiler, si bien reclamó que se evite que la reforma "perjudique al arrendador".
