El PP quiere retirar las ayudas sociales a quienes rechacen un trabajo o delincan

Estos planteamientos están recogidos en la ponencia social que se debatirá en el XIII Congreso regional que los populares vascos celebran este fin de semana en Bilbao, que ha elaborado el vicesecretario general de los populares alaveses y alcalde de Gasteiz, Javier Maroto. "Con el PP se va a acabar lo de venir aquí a vivir de la sopa boba", sentenció ayer Maroto durante la presentación, en rueda de prensa, de las líneas básicas de la ponencia social, documento en el que se propone un mayor control en la concesión de ayudas y restricciones a su acceso.

Maroto defendió el mantenimiento de las ayudas sociales para las personas que se encuentran en una situación "más difícil", aunque dejó claro que éstas deben ir ligadas, en primer momento, a encontrar un empleo, frente a quienes "sólo quieren vivir" de prestaciones públicas.

En primer lugar, Maroto pide en su ponencia una revisión del modelo de inspección de trabajo y la imposición de sanciones para aquellas empresas que contraten a trabajadores de forma irregular. Con esta medida, el PP quiere eliminar las ayudas a trabajadores de la economía sumergida que también cobran prestaciones sociales.

También se plantea que los perceptores de ayudas acudan periódicamente a las oficinas donde se gestionan las ayudas para retirar del sistema a todos aquellos que reciben prestaciones y viven fuera de Euskadi. Asimismo, el PP se compromete en su ponencia a que los perceptores de ayudas estén disponibles para ejercitar trabajos para la comunidad, como limpieza de parques y jardines. Para las personas que perciben ayudas sociales y rechazan un trabajo, el PP plantea la retirada inmediata de dichas prestaciones.

Otro de los puntos de la ponencia aboga por quitar las ayudas a los delincuentes con antecedentes y en otro apartado se apuesta por luchar contra los propietarios de viviendas que alquilan sus casas de forma fraudulenta y las convierten en "pisos patera" donde residen muchas personas de manera hacinada.

Los recursos que las administraciones se ahorren por el cumplimiento de estos límites se dedicarían a programas de atención a personas mayores, a discapacitados, a la lucha contra la violencia machista, a la rehabilitación de viviendas o al medioambiente, explicó Maroto. El dirigente del PP alavés no aclaró, a preguntas de los periodistas, los detalles concretos de estas medidas ya que, según manifestó, la ponencia recoge unas líneas básicas que luego requieren de "su reglamentación específica". Por ello, no se pronunció, por ejemplo, sobre si propone exactamente la eliminación de las ayudas sociales a todas las personas con antecedentes delictivos o si se limita a quienes reincidan.

En otro orden de cosas, el presidente de la Federación de Asociación de Vecinos de Álava (FAVA), Antonio Estébanez, se mostró ayer contrario al anteproyecto de Ley de Centros de Culto planteado desde el Gobierno Vasco, al considerarlo "una intromisión" en la labor de los Ayuntamientos, y cargó contra un Patxi López que "no pierde el tiempo en ganar adeptos por donde puede". Estébanez, aunque aseguró que le cuesta coincidir con el alcalde, Javier Maroto, "en muchísimas cosas", se mostró cercano a sus postulados. "Siempre se ha visto en los barrios donde se ha tratado de hacer una mezquita el movimiento social que ha habido. Eso es lo que apoyo, no al alcalde sino a los ciudadanos de los barrios", advirtió en declaraciones a una emisora de radio local. A su juicio, el Gobierno Vasco "se mete en casa del vecino cuando no es capaz de regular la suya".