Bilbao. Asegura no haberle sorprendido el anuncio de la ministra de Sanidad del copago impuesto a los pensionistas y jubilados que reciban pensiones contributivas. " Si hubiera sido la primera medida me hubiera parecido una gran sorpresas. Pero como las iniciativas que adoptan son tan disparatadas, no me han cogido desprevenido. Es una más de las que llegarán".

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Exacto. Ha pedido a la ministra de Sanidad que no tome ninguna medida en la reforma sanitaria hasta que se asegure que se cumplen con las obligaciones contraídas por el Estado español al ratificar en 1977 el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales. El Gobierno tiene una obligación jurídica vinculante que no debe obviar. Entre los derechos humanos, el de más alto nivel es el de la salud

¿El criterio de racionalidad debe estar basado solo en criterios económicos?

No. Ya lo advertía el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2009, cuando señaló que las crisis económicas y financieras mundiales no disminuyen la responsabilidad de las autoridades estatales en la realización de los derechos humanos.

¿Qué tendría que hacer el Estado ,según sus compromisos internacionales, en materia de salud?

Entre otras cosas, tiene la obligación de demostrar que las reducciones de gasto público sanitario no están afectando a la calidad de las prestaciones, ni al acceso a la atención sanitaria. El Gobierno debe dejar meridianamente claro que las medidas que se tomen solo se aplicarán tras el examen más exhaustivo de todas las alternativas posibles y que éstas estarán debidamente justificadas en relación con la plena utilización de los recursos máximos disponibles.

¿Cree que el copago en pensionistas y jubilados vulnera el derecho a la salud?

El copago ya está en la calle en las personas que trabajan. El impacto será en los jubilados. Además, los pensionistas ya pagamos las medicinas; lo hacemos vía impuestos. Además, no tenemos masa crítica para defraudar.

¿El Ministerio argumenta que son ustedes los que más consumen?

Es cierto. El vivir más años es un avance social y parece que quieren penalizarlo. Pero nuestra generación empezó a trabajar a los 14 años y hasta nuestra jubilación hemos cotizado año tras año. Al final de nuestras vidas no podemos encontrarnos con que tenemos que repagar lo que ya hemos abonado durante décadas. El tener que pagar un 10% es un verdadero abuso, una tropelía.

¿Piensa que esta medida puede hacer que personas con bajas pensiones no sigan los tratamientos?

Efectivamente. Al Ministerio de Sanidad le importa un rábano todas las aprobaciones y pactos internacionales. Lo que están haciendo es una tropelía en un colectivo de avanzada edad. Parece que quieren conseguir que tengamos miedo a ir al médico. Creo que sí incidirá en las deserciones de los tratamientos por pacientes sin recursos.

¿Se les penaliza por ser mayores?

Sí. Se nos olvida y se nos margina. Nuestra presencia en la toma de decisiones de medidas que afectarán a nuestro bienestar es nulo.