vitoria. La situación no da más de sí. A ojos del Gobierno Vasco, el estado social del bienestar merece un cambio para seguir vivo. No en vano, la consejera vasca de Empleo, Gemma Zabaleta, aseguró ayer que el sistema de protección social de la CAV, tal y como está diseñado actualmente, "no se puede sostener" hasta que no se aborde en Euskadi una reforma fiscal. La gestora socialista avanzó tal contundente conclusión en el Pleno celebrado ayer en el Parlamento Vasco ante una pregunta de la parlamentaria de Aralar Aintzane Ezenarro sobre el "endurecimiento" de las condiciones para acceder a las ayudas sociales .

El caso es que ambos partidos han acordado elevar las exigencias para acceder a la RGI de forma que aquellas personas que lleven menos de tres años empadronadas en un municipio vasco deban acreditar también cinco años de vida laboral para acceder a las prestaciones y los que no estén trabajando o en programas de formación deberán colaborar en tareas de carácter social en situaciones de emergencia.

En este sentido, señaló que, según la ley, se debe aceptar un empleo cuando "se corresponda con la profesión del solicitante y se adecúe a sus condiciones físicas o formativas", o a cualquier actividad "que se haya desarrollado más de tres meses", aunque también se tendrán en cuenta otras razones "a juicio del servicio público de empleo". La consejera subrayó que el sistema debe ser "garantista, pero no paternalista", y recalcó que, para quien está en paro y percibe la RGI, "su mejor seguridad es obtener un empleo".

El objetivo fundamental de la reforma es que "no se pueda elegir entre subsidio y trabajo" señaló Zabaleta, quien defendió que se deba aceptar cualquier trabajo cuando éste se encuentre a "una distancia razonable" de la residencia del solicitante. Como ejemplo, Zabaleta comparó la situación de las personas que llegan a Euskadi a trabajar con quienes pueden elegir entre subsidio y trabajo si éste supone un desplazamiento de 30 kilómetros. Ante tal circunstancia, Ezenarro advirtió de que esta modificación, que tendrá que ser aprobada por la Cámara, dejará fuera del sistema a unas 3.000 personas.

Por su parte, Zabaleta contestó que un sistema como el actual de protección social "no es sostenible económicamente", y señaló que los perceptores de ayudas sociales deben tener una "puerta de salida" a través de la activación de empleo y también tienen que tener "limitada la puerta de entrada". Señaló además que las prestaciones sociales generaron el pasado año un "déficit" anual de 40 millones de euros y de más de 60 millones de euros este año. "No podemos poner en situación de quiebra al sistema mientras no se aborde en Euskadi una reforma fiscal", concretó la consejera, quien defendió que paguen más quienes más tienen y que se acometan medidas contra el fraude fiscal. Zabaleta también recordó a Ezenarro que el vasco es el sistema de protección social con la mayor cobertura del Estado.

En el mismo tono, Zabaleta defendió la reforma de los requisitos para acceder a la RGI por ser una fórmula para garantizar que los perceptores de las ayudas no puedan elegir entre subsidio y empleo. No en vano, según el pacto acordado entre populares y socialistas, las ayudas serán retiradas cuando sus perceptores rechacen el primer empleo adecuado que se les ofrezca y no el tercero, como contemplaba la legislación anterior. >efe/dna