BILBAO. La Organización de Consumidores y Usuarios Vasca (OCUV) se ha posicionado en contra de anular las multas en los casos en los que no se cumpla el decreto que establece la obligación de atender a los consumidores tanto en castellano como en euskera en las empresas de servicios universales y establecimientos comerciales de gran tamaño.
La OCUV, junto a representantes de las principales empresas de telecomunicaciones, energía, banca y grandes superficies, se reunió ayer con la viceconsejera de Política Lingüística del Gobierno vasco, Lurdes Auzmendi, quien les transmitió la decisión del Ejecutivo de eliminar el régimen sancionador de dicho decreto.
Según ha informado hoy la organización de consumidores a través de un comunicado, las leyes son "impositivas y coercitivas por definición, y sin sanciones se quedan en meras recomendaciones cuyo cumplimiento queda a expensas de la voluntad de los afectados, es decir, en papel mojado".
