Vitoria. Una treintena de denuncias presentadas por parte de quienes sospechan de que su hijo fue robado al poco de ser alumbrado, permanecen aún abiertas en Álava. Sin embargo, la primera interpuesta de todas ellas, la que marcó un precedente en este territorio el pasado 16 de febrero, cuando una mujer llamada Noemí Soria llegó desde Barcelona, la ciudad en la que ahora reside, para esclarecer si su hermana fue dada en adopción irregular un 8 de noviembre de 1971, al poco de nacer en la antigua clínica Arana, ha sido archivada. Así lo explicó ayer el fiscal jefe de la Audiencia alavesa, Josu Izaguirre, quien precisó que el carpetazo al asunto, se hizo antes del verano "por no acreditar los hechos denunciados".

Como ya anunció este diario, la Fiscalía alavesa tenía en su poder desde junio este "voluminoso dossier" que le hizo llegar la Ertzaintza tras sus cuatro meses de pesquisas. Ese tiempo es el que le llevó a la Policía autonómica indagar en las tres pruebas documentales con las que Soria acompañó su queja. Éstas, en concreto, se trataban del legajo de abortos, la partida del nacimiento de otro hermano que atendió la misma comadrona y un escrito del cementerio de Santa Isabel, que hicieron que la acusación siguiera su curso normal: la investigación. "Esto no quiere decir que salga adelante, como ellos me lo han manifestado", indicó a este periódico esta mujer al poco de interponerla. No en vano, a su acusación todavía le quedaba un largo camino por recorrer. De hecho, lo normal es que el plazo dure unos seis meses. Un tiempo en el que se examina si lo presentado podría tratarse de un presunto caso de tráfico de bebés y, si es así, iniciar los trámites para depurar responsabilidades.

Aunque el 3 de septiembre el colectivo de SOS Bebés Robados desconocía que en Álava se hubiese archivado un caso, convocaron para ese día una manifestación en Bilbao para evitar que se dieran más carpetazos. Un centenar de afectados, procedentes de toda Euskadi, más los de Navarra, La Rioja, la recién creada sede de Cantabria, Asturias y Burgos, se concentró ese día en la plaza Moyúa bajo el lema Que no se quede en el olvido. No querían que se arrinconaran más expedientes por haber prescrito o por falta de pruebas y, por eso, exigieron a Justicia que facilitase los medios necesarios para acceder a documentos que podrían esclarecer las investigaciones, a los que los afectados no tienen acceso.

Entre esas reclamaciones también figuraba la de que se abra una comisión paralela a cualquier organismo público para que investiguen los casos, tal y como precisó el día anterior a la convocatoria Leire Fernández de Labastida, una de las portavoces de la delegación alavesa, que cuenta con cerca de 70 socios. La mayoría de ellos son padres que desconfían de que sus criaturas perecieran al poco de parirlas tras haberlas visto rebosantes de salud. Sin una enfermedad que justificase ese trágico final. Aunque cada vez hay más adoptados que se animan a ponerse en contacto con esta agrupación que surgió de la escisión de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir). De hecho, Fernández de Labastida tiene constancia de que una decena de personas dudan de la legalidad de su proceso de acogida permanente en una familia no biológica.