vitoria. La consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, se ha mostrado partidaria de que las administraciones den "pasos a la hora de ayudar a las personas a renegociar sus propios préstamos", así como de "abrir una vías que alivien la presión de las personas más vulnerables". Zabaleta se ha referido, de esta forma, a los desahucios a los que se enfrentan las familias vascas que no pueden hacer frente a las hipotecas.

Tras señalar que "hay que ir al fondo de la cuestión", ha recordado que, en Euskadi, hay "un sistema amplio de protección social, ya que tenemos las ayudas de emergencia social que contemplan también la posibilidad de poder dar ayudas para el pago de los préstamos, de los alquileres y en estas situaciones en las que uno incluso tiene contraída una deuda".

A su juicio, "hay que ir profundizando en esa dirección" y al mismo tiempo cree que las administraciones, "como interlocutores con las entidades bancarias, debemos de dar pasos a la hora de ayudar a las personas a renegociar sus propios prestamos o abrir una vías que alivien la presión de las personas más vulnerables". "Ahí tenemos todo un terreno de trabajo y de compromiso que desarrollar", manifestó la consejera.

moratoria Tan sólo durante el primer trimestre, Álava ha sido testigo de la ejecución de 131 desahucios por orden judicial, además de 130 embargos y 69 ejecuciones hipotecarias, que forman parte del engranaje burocrático que desemboca, inevitablemente, en los desalojos. La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, Adicae-Euskadi, considera que las acciones del movimiento 15-M, encaminadas a frenar los desahucios, son necesarias, si bien propone que se modifique progresivamente el objetivo de las protestas hasta lograr detener los embargos hipotecarios. La razón es que cuando el proceso llega al lanzamiento judicial, ya existe una orden firme por parte de un magistrado que es imposible incumplir. A esas alturas, lo único que se puede conseguir es un aplazamiento del desalojo, por lo que Adicae plantea ahora que el Gobierno y los grupos parlamentarios aprueben una moratoria que obligue a los bancos a conceder tres años sin pagos a las familias. En esos tres años en las que las familias con problemas no se vieran obligadas a pagar, podrían reponerse económicamente y pagar una vez transcurrido el plazo. Las cifras que ofrecen Bizkaia y Gipuzkoa son igualmente desalentadoras: 339 desahucios, 853 embargos y 158 ejecuciones hipotecarias en Bizkaia y 97 lanzamientos judiciales, 104 embargos y 85 ejecuciones en Gipuzkoa. Sólo en los tres primeros meses del año en curso.

A pesar de ello, la CAV no ha registrado hasta esta semana acciones de protesta como las llevadas a cabo en Madrid, Barcelona, Gijón o Valladolid, por citar algunos ejemplos. Tras analizar los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial correspondientes al primer trimestre de 2011 en Euskadi, Adicae explicó que, en la actualidad, "una media de 6,3 familias se quedan sin hogar al día" en la CAV. Para detener esta escalada, demandan que se aplique la moratoria, iniciativa que ya se usa en otros países europeos. Así, los bancos no podrían presentar demandas de ejecución hipotecaria, evitándose el embargo. Paralelamente, Adicae demanda una reforma del sistema hipotecario que permita ampliar los motivos de oposición a la ejecución hipotecaria o extender las facultades del juez para determinar la deuda, acabar con el "expolio" que suponen los criterios económicos en los embargos y regular los intereses "usurarios".