Vitoria. Viernes, 13 de mayo. Un rayo de esperanza ilumina la pantalla del teléfono móvil de una alavesa que busca a su hermana. Al otro lado de la línea, la Ertzaintza le comunica que debe pasarse por la comisaría de Portal de Foronda de la capital alavesa para tomarle declaración por las razones por las que cree que su familiar puede ser uno de los 65 expedientes contabilizados hasta la fecha en Álava por un presunto tráfico de bebés robados al poco de nacer.

Al igual que esta mujer, "varias más" han sido telefoneadas desde entonces, como así le consta al fiscal jefe de la Audiencia alavesa, Josu Izagirre, quien precisa que la Fiscalía alavesa ha encargado la investigación a la Ertzaintza para que analice las 22 denuncias que la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir) interpuso en una tanda conjunta el pasado 6 de abril. "Tres de ellas las descartamos por no ser competencia de este territorio, como la de Irun o Cruces", explica Izagirre, quien matiza que mantiene "reuniones periódicas" con la Policía autonómica para coordinar todo el proceso cuyo límite legal expira en seis meses. "Después de la declaración, no se puede establecer un patrón de cómo seguirá la investigación de cada denuncia porque cada caso es singular", agrega.

Pero lo que sí que es seguro es el primer paso que tienen que dar los agentes autonómicos encargados de las pesquisas: recabar todas las pruebas documentales, como legajos de abortos o partes de enterramientos, que acrediten el porqué de las sospechas por estos supuestos niños robados, ya que, según afirma el fiscal jefe, "muchas de las reclamaciones no los han presentado".

A estas 19 denuncias la próxima semana le seguirán "unas diez o doce que ya están previstas", tal y como relata Leire Fernández de Labastida, una de las portavoces alavesas de Anadir.

"La siguiente tanda se va a presentar directamente en la Fiscalía alavesa, en vez de enviarlas primero a Barcelona, para ahorrar tiempo", explica Fernández de Labastida, quien ayer ayudó a rellenar dos de ellas.

Desde que el primer día de febrero este diario se hiciera eco de la presunta trama, el colectivo ha registrado más de 60 posibles afectados. Unos expedientes que sitúan la presunta trama en maternidades y épocas distintas, pero con el mismo posible drama en común, del que han seguido caminos diferentes para resolverlo. Uno de ellos fue el de Noemí Soria, para esclarecer si su hermana supuestamente murió en 1971 al poco de nacer, lo que le llevó a interponer la primera denuncia, pero a título individual. El resto ha optado por hacerlo de forma conjunta para hallar pistas en común de los presuntos responsables, como estas 19 reclamaciones que se investigan ahora o la decena que esperan seguir ese mismo curso la próxima semana. La variedad es de tal calibre que ha llegado hora de volver a hacer una puesta en común de esas 65 posibles víctimas. "Mandé al Ayuntamiento un mail para pedirles un local grande por la intención de hacer este encuentro con todos y la verdad es que me han contestado muy rápido".

Falta concretar el lugar y la fecha, pero la disponibilidad para que se celebre está asegurada. "La intención es que sea en junio para que no se nos eche el verano y porque la siguiente semana es casi imposible", avanza la responsable de Anadir, quien pide abogados que estén dispuestos a asesorar a las víctimas.

Hasta este mes también es el plazo que tienen estos supuestos afectados para reunirse todos los lunes a las 19.30 horas en Aldabe. "No son raras las veces en que las responsables salimos llorando después de lo que nos cuentan", recuerda Fernández de Labastida.