Vitoria. En plena campaña electoral y con su cara ilustrando miles de carteles que le postulan como candidato a diputado general por el PP, a Javier de Andrés no le ha quedado más remedio que sacar pecho y enfrentarse cara a cara con la denuncia interpuesta contra su persona por el ex jefe foral de Transportes, Carlos Jiménez, quien ha dirigido un escrito a la Fiscalía Anticorrupción acusándole de presunto cohecho al haber favorecido hipotéticamente, durante su etapa como diputado de Obras Públicas, a la constructora Yarritu, la misma que le habría vendido con anterioridad y a un precio ventajoso el chalé de Ibaiondo en el que reside. En su afán por transmitir firmeza, el aspirante popular no sólo ha buscado el cuerpo a cuerpo desacreditando la figura de Jiménez, a quien el mismo denunció hace unos años por haber "distraído" 1,3 millones de euros de las arcas forales, sino que, además, ha hecho suyo el lema de que no hay mejor defensa que un buen ataque.
Como parte de esta estrategia, ayer anunció que tramitará una nueva denuncia contra Jiménez, esta vez por un presunto delito contra la Administración de Justicia "ya que su única intención al denunciar es intimidar y causar un daño moral y contra el honor". Además, cargó, de paso, contra Claudio Rodríguez como portavoz del actual gobierno foral. "La Diputación debería liderar esta nueva denuncia contra Jiménez en lugar de ampararse en un imputado para atacar a un rival político", señaló en respuesta a las declaraciones hechas el día anterior por el diputado foral, quien señaló que el Ejecutivo provincial se personará contra De Andrés si prospera la demanda del exjefe de Transportes. El teniente de diputado general, que en marzo responsabilizó personalmente a De Andrés del sobrecoste de 73 millones en las obras de la autopista AP-1 y reclamó al PP que retirara su candidatura, puntualizó que si del proceso legal iniciado por Jiménez se desprende que el exdiputado popular perjudicó económicamente con su gestión a la Diputación, estudiará personarse contra él en los tribunales.
El candidato a diputado general por el PP insistió en su inocencia al asegurar que ni en el año 2001, cuando firmó la compra de su chalé, ni en 2003, cuando formalizó la adquisición, ni en 2004, cuando se adjudicaron los trabajos de la AP-1 a la UTE formada por Dragados, FCC y Yarritu, ni en 2008, cuando se resolvió la certificación, él era diputado de Obras Públicas. Además, recordó que el precio de su vivienda fue fijado y aprobado sin ningún voto en contra por el Ayuntamiento de Vitoria durante el gabinete Cuerda y subrayó que todas las transacciones realizadas para la compra del chalé fueron debidamente notificadas a la Hacienda foral, "que aceptó cuantas declaraciones he presentado sin que ninguna haya sido corregida".
En cuanto a la posibilidad de que las filtraciones que hicieron llegar la denuncia de Jiménez a los medios de comunicación partiera del seno de la familia popular por supuestas tensiones internas, De Andrés negó la mayor y depositó todo el peso de la responsabilidad en el ex jefe foral.
