Tokyo. La sentencia de la Audiencia Nacional, publicada ayer, que condena a 439 años de prisión a los dos piratas somalíes Cabdullahi Cabduwily, alias Abdu Willy, y Raageggesey Hassan Aji, asegura "sin duda alguna", que "no ha sido la empresa armadora sino organismos públicos vinculados al Gobierno español quienes han satisfecho la cantidad que se ha abonado por la liberación de los tripulantes y el propio pesquero".
Los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal condenaron a los dos acusados a 396 años de cárcel por 36 delitos de detención ilegal (11 años por cada marinero retenido), a cinco por robo con violencia, a dos por la comisión de un delito de asociación ilícita y a uno más por 36 delitos contra la integridad moral.
La sentencia absuelve a los acusados de los delitos de terrorismo, integración en banda armada, lesiones y torturas, que eran imputados por las acusaciones particulares. Además, condena a los dos piratas al pago de 100.000 euros a cada tripulante por los daños morales durante el secuestro y de otros 2.500 por el dinero y efectos de los que se apropiaron los somalíes.
El tribunal considera "innecesaria" la solicitud de desclasificación de los documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre este asunto, llevada acabo por las defensas de los dos condenados. Así, la sentencia recuerda que la entrega del dinero a cambio de la liberación fue investigada en una pieza separada por el juez instructor Santiago Pedraz. El magistrado reclamó en tres oficios datos al Servicio de Información de la Policía, a la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil y al CNI.
También agrega que las contestaciones ofrecidas sólo permitieron averiguar que la empresa armadora del buque atunero "no realizó ningún pago". Los servicios de inteligencia se limitaron a indicar que "no era posible legalmente informar sobre lo solicitado" ya que la cuestión había sido declarada clasificada por el Consejo de Ministros.
La resolución detalla que los secuestradores exigieron para la devolución del pesquero y su tripulación 10 millones de dólares y la libertad de los dos piratas. Esta cantidad se redujo después a algo menos de la mitad, según el armador Kepa Etxebarría. El tribunal también menciona que el encargado de negociar con los piratas fue "un tal 'Pepe'" con el que los secuestradores mantenían "un trato telefónico frecuente sobre las condiciones del rescate".
Según la sentencia, los piratas estaban "organizados" porque su jefe era "el tal Elias, al que todos respetaban", y el "negociador" conocido como Yama se encargaba de "las condiciones del rescate y fijaba en las paredes determinadas instrucciones -en árabe- que todos seguían".
