Vitoria. La información requerida por los grupos parlamentarios de PNV y EA en relación a la supuesta presencia de periodistas empotrados en operaciones antidroga llevadas a cabo por la Ertzaintza en Vitoria, no llegará a tiempo. Ayer se agotó el plazo legal que el Departamento vasco de Interior tenía para responder a las solicitudes de ambos partidos sin que ninguno de los dos recibiera respuesta por escrito. Eso sí, la agenda del Parlamento Vasco recogía ayer que el consejero de Interior, Rodolfo Ares, comparecerá finalmente el próximo 5 de mayo para dar cuenta de los detalles que rodean a las dos intervenciones policiales objeto de sospecha. Al igual que las explicaciones por escrito, también la asistencia del representante del Gobierno Vasco llegará tarde, ya que Eusko Alkartasuna reclamó hace más de un mes su presencia para aclarar esta polémica cuestión que, de haberse producido en los términos en los que se publicó en su día, habría incurrido en irregularidad.

El parlamentario de EA Jesús M. Larrazabal presentó el pasado 11 de marzo una solicitud de comparecencia de Ares ante la mesa de la Comisión de Instituciones, Interior y Justicia. A partir de esa fecha, el plazo legal para personarse y responder por parte del consejero era de 15 días hábiles. Un periodo que, pese a las vacaciones oficiales de Semana Santa, se verá ampliamente rebasado el próximo cinco de mayo, cuando finalmente tenga lugar la asistencia del titular de Interior.

En esa misma fecha, tanto Larrazabal como el parlamentario del PNV Mikel Martínez solicitaron, de forma paralela, la aportación de toda la documentación disponible por parte de Interior en torno a dos operaciones antidroga llevadas a efecto en Vitoria por parte de la Ertzaintza. El objetivo, aclarar si hubo periodistas empotrados en los grupos policiales, una figura que, tal y como detalló en su día el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Álava, Josu Izaguirre, no se encuentra contemplada por la ley. Izaguirre estableció que si bien es legal que un reportero acompañe a los agentes en una ronda de control de locales de hostelería en la que pueden darse decomisos de droga de forma fortuita, el participar en una operación antidroga diseñada específicamente como tal sería no solo irregular por poder poner en peligro la viabilidad del dispositivo, sino también arriesgado para la integridad física del propio periodista en caso de que, por ejemplo, se produjeran escenas de violencia.

Sospechas Las sospechas del representante del PNV se basan, tal y como figura en el texto que tramitó ante la mesa del Parlamento, fundamentalmente en una noticia publicada el 27 de octubre de 2009 en un medio de comunicación escrito alavés. Dicho periódico aseguró entonces que uno de sus redactores había acompañado a un grupo de agentes antidroga desde la comisaría de la Ertzaintza en Vitoria hasta un bar del barrio gasteiztarra de Santa Lucía donde se practicaron varios arrestos y se decomisaron diversas cantidades de hachís. Posteriormente, el 24 de febrero de 2010, se hizo pública una nueva información sobre el desmantelamiento de una plantación ilegal de marihuana en Vitoria, actuación en la que igualmente se daba a entender que habían estado presentes varios reporteros.

Con el objeto de conocer los datos de los que el Departamento dispone al respecto, Mikel Martínez preguntó por escrito a Ares si tenía conocimiento de la presencia de profesionales de los medios de comunicación en dichos operativos y, en caso afirmativo precisaba información concreta sobre el número de operaciones en las que dichos periodistas tomaron parte.

El parlamentario formuló paralelamente preguntas en relación a qué medios de comunicación habían estado presentes, cuántos reporteros acompañaron a los agentes, si éstos presenciaron el primer interrogatorio practicado a los arrestados in situ y si su participación quedó recogida en los atestados policiales. Una cuestión esta última que ya aclaró en su momento el propio fiscal jefe, quien al estudiar los documentos y pese a lo que aparecía publicado en prensa, no constató que se reflejase presencia alguna de personal ajeno a la Ertzaintza.

Martínez también planteó interrogantes sobre la responsabilidad de la iniciativa, si esta partió del medio en cuestión o si por el contrario emanó de Interior. Preguntó si existe algún tipo de protocolo al respecto, si será práctica habitual facilitar la presencia de determinados medios en operaciones concretas e instó a Ares a efectuar una valoración de los riesgos y consecuencias de la presencia de civiles tanto en el operativo como en el posterior proceso judicial. Una batería de cuestiones que podrían resolverse el próximo cinco de mayo. O no.