De repente, aparece en la puerta y deja una indeleble marca en rojo sangre. Se extiende por las paredes, y trepa hasta el tejado. Salta de casa en casa, provocando el terror entre los vecinos. Pronto se apodera de todo el barrio. Es sólo cuestión de días, semanas si hay suerte, que toda la superficie marcada por él desaparezca bajo la implacable fuerza de las excavadoras. Es el chai, el ideograma chino más temido por quienes habitan en el casco antiguo y los barrios humildes de las ciudades del Gran Dragón. Se traduce como demolición, y marca una nueva era en el modelo urbanístico de China, uno que no conoce el respeto ni por el legado histórico de las urbes, ni por la vida de los ciudadanos que sufren sus dramáticas consecuencias. Es el terremoto chino que no cesa. Las autoridades de aquel país han visto paralelismos entre estas prácticas y las que constituyen el argumento de la película del momento a nivel mundial, Avatar, y han decidido limitar la difusión de la misma, para evitar posibles efectos colaterales.
Todo comenzó en Pekín en los albores del segundo milenio. 2001 fue un año de regocijo nacional. Cuando José Antonio Samaranch anunció a Pekín como ganadora de la batalla por la organización de los Juegos Olímpicos de 2008, China saltó con euforia desconocida. Y cientos de promotores y constructores se frotaron las manos. Se les concedían siete años para llevar a cabo mucho más que un lavado de cara en la capital china. Había que convertir una ciudad que rozaba el tercermundismo en una megalópolis vanguardista. Dicho y hecho. Como si de los tanques de Tiananmen en 1989 se tratara, las apisonadoras salieron a la calle guiadas por un antiguo refrán chino: "Lo viejo tiene que desaparecer para dar paso a lo nuevo".
El Ayuntamiento, sin necesidad de orden judicial alguna, puede decidir a su antojo la planificación urbanística siempre que "haya intereses públicos en las nuevas infraestructuras", un precepto etéreo que beneficia a los corruptos. De esta forma, las órdenes de expropiación y desalojo llegaban cuando el chai ya marcaba los edificios que debían desaparecer. En el caso de los negocios, una notificación se pegaba en la fachada. Bajo el sello gubernamental preceptivo se anunciaba la fecha en la que estaba prevista la demolición, pero en ningún caso se mencionaban las compensaciones, que resultaban ridículas. En China, a pesar de que en 2007 se aprobó la ley de la propiedad privada, el suelo siempre pertenece al Estado; sólo se puede comprar el derecho de usufructo, por un máximo de 70 años en el caso de las viviendas, y medio siglo para terrenos industriales. Con la normativa de su parte, los constructores no tienen problema para involucrar a la policía en las operaciones de desahucio. Sólo unos pocos se niegan a abandonar sus casas, aun a costa de poner en riesgo su vida. Sus historias dieron la vuelta al mundo y provocaron multitud de críticas en la recta final de la preparación de la Olimpiada, pero, acabada la cobertura mediática, nada ha cambiado.
una paliza DISUASORIA Este periodista conoció a Huang Ping durante el verano de 2006. Su restaurante, situado en uno de los clásicos hutones, barrios de construcciones bajas de ladrillo gris, debía dejar paso a un centro comercial megalómano. Él se propuso resistir, incluso cuando el resto de vecinos ya se había marchado. Posó junto a su hermano con la orden para que desocupara el inmueble todavía pegada en la entrada. El Gobierno le daba dos semanas de plazo y le ofrecía trasladarse a un apartamento de 45 metros cuadrados situado en una de las monstruosas colmenas construidas en las afueras para los desplazados, que, según diferentes ONG, suman ya más de 200.000 sólo en Pekín.
La persistencia de Ping forzó al Gobierno a ofrecerle una compensación adicional de 730 euros por metro cuadrado, "muy por debajo del precio de mercado". Volvió a negarse "porque no me ofrecieron una forma con la que ganarme la vida". Fue entonces cuando llegó el arresto, seguido de un par de palizas a manos de matones a sueldo de la constructora. Tardaron más de un mes en doblegarlo, pero ya reside a más de diez kilómetros de donde se encontraba su pequeño establecimiento de fideos. Ahora ocupa su lugar una conocida marca francesa de ropa de lujo.
Las brutales demoliciones comenzaron en Pekín, pero se han extendido como la peste por las ciudades de todo el país. Shanghai es ahora el principal campo de batalla, ya que quedan menos de cuatro meses para que se inaugure la Exposición Universal que, una vez más, está pensada para dejar al mundo con la boca abierta, y borrar del mapa todo aquello que no encaje en la imagen de modernidad que quiere proyectar el Partido Comunista.
Así, barrios enteros de shikumen, el equivalente del hutong en la capital económica del país, han sido reducidos a solares en los que ya se levantan monstruos de acero que albergarán los nuevos templos chinos, los del consumismo. Sus vecinos, una vez más, han sido amordazados y reubicados en los suburbios de esta megalópolis de 20 millones de habitantes.
el fin del barrio Este nuevo modelo de urbanismo supone el fin de la vida de barrio, como se ha entendido siempre en el gigante asiático. Adiós a las timbas en la calle; adiós a saludar a los vecinos desde el porche de la casa; adiós a las pequeñas tiendas de ultramarinos. Es la muerte de la vida en horizontal, aplaudida por los jóvenes que consideran moderno vivir en un bloque de 30 pisos, y maldecida por gente como Wen Mei, una residente del barrio de Baoshan a la que le aterra que la echen del lugar en el que están los recuerdos de toda su vida. "Entiendo que son edificios viejos y destartalados, pero creo que sería mejor rehabilitar las casas que tirarlas, para preservar la vida de la ciudad y no convertirla en un mero escaparate". Claro que Wen no tiene en cuenta la rentabilidad nula que eso tendría para los promotores de la urbanización de lujo proyectada para el lugar. La compensación económica que recibirán supone sólo el 3% del valor que alcanzarán los nuevos pisos.
B.C. trabaja para una de las promotoras más pujantes del país, que tiene proyectos diseminados por toda la geografía. Muchos se ubican en zonas históricas que tendrán que reducir a escombros. "Las condiciones de vida de esas casas son terribles", se justifica el directivo. "No tienen váter, se caen a pedazos, y provocan que la gente tenga que hacer sus necesidades en la calle, con lo que eso conlleva de suciedad y de enfermedades. Nuestra labor mejora el nivel de las ciudades", asegura.
No obstante, preguntado por los métodos que utilizan algunos constructores para desalojar a los vecinos, reconoce que, "en muchos casos, no son los apropiados". Pero niega que se haga uso de la violencia, como denuncian muchos vecinos y como han publicado incluso los medios de comunicación chinos. "Todo lo que hacemos está amparado por la ley", apostilla antes de cerrar la conversación alegando una próxima visita.
Esa ley le ha costado la vida a Tang Fuzhen, una mujer de 46 años originaria de Chengdu que se quemó a lo bonzo el pasado 13 de noviembre. Trataba de impedir que expropiaran su casa. Murió 16 días después a causa de las quemaduras, pero, aunque la vivienda ya no existe, su vida no se ha ido en vano. Alguien grabó con un teléfono móvil la escena, y su publicación en Internet ha provocado un debate nacional que ha culminado en la redacción de una carta abierta al Gobierno, firmada por un buen número de profesores universitarios, en la que se exige la abolición de la actual normativa, tachada de contraria a la Constitución, a la ley de Propiedad Privada e incluso a los Derechos Humanos. Si bien es difícil que se llegue a descartar por completo la ley actual, la polémica puede dar como resultado la introducción de importantes enmiendas.
De hecho, el pasado día 23 un alto cargo del Ejecutivo anunció que están sobre la mesa diferentes propuestas, aunque no mencionó la fecha en la que pueden aprobarse las modificaciones a la ley de demoliciones. En cualquier caso, todo apunta a que recogerán novedades relevantes: será necesaria una orden judicial para llevar a cabo una expropiación; se penará con largos periodos de cárcel a quienes coaccionen o utilicen la violencia para echar a los vecinos; tanto los promotores como los gobiernos locales serán responsables de la reubicación y el pago de las indemnizaciones, para las que habrá que alcanzar un acuerdo; y los promotores deberán adquirir la tierra antes de redactar un proyecto. El borrador propuesto incluye también novedades que afectan a las construcciones ilegales, aquellas que se han erigido sin permiso en lugares públicos o no están registradas. Si se aprueba, los habitantes de estas barriadas deberían recibir una notificación al menos diez días antes de la demolición, y podrían apelar la decisión.
heroica resistencia Esta noticia ha provocado el regocijo en gran parte del país. En Chongqing, una ciudad del centro del país, los vecinos de un barrio del que se ha apoderado el chai han recuperado la esperanza. Aunque muchos se han marchado ya y sus viviendas aparecen semiderruidas, los que quedan quieren detener el desahucio hasta que se apruebe la nueva legislación. Por la misma razón, la constructora, que se ha negado a hacer declaraciones a este periódico, tiene más prisa que nunca por meter las excavadoras. Y, de hecho, como medida de presión, ya ha comenzado a demoler los edificios de quienes han aceptado el trato: una compensación económica por el 30% del valor de mercado, y un apartamento de segunda mano, mucho más pequeño que la vivienda anterior, situado cerca del aeropuerto.
"Se han ido por miedo a los mafiosos que se han paseado por el barrio con barras de hierro, pegando a los vecinos y destrozando las casas de quienes resisten", asegura un hombre de mediana edad que quiere mantener el anonimato. Su vivienda ya está marcada con el chai, pero la familia se niega a marcharse. "En una ocasión, un tipo vino a casa y, después de tratar de convencernos, cuando estábamos a solas me dijo que pensara si quería que mi hija, que tiene 14 años, siga siendo virgen", cuenta el vecino. No sería la primera vez que se cumple una amenaza de este tipo.
El sector inmobiliario chino es uno de los que más crece en el país que más rápido se desarrolla en el mundo. El precio de la vivienda aumenta en torno al 10% anual, y los beneficios de las nuevas construcciones continúan su escalada, pero el suelo en el centro de las ciudades escasea. Los nuevos ricos no quieren trasladarse al extrarradio, y la falta de cobertura legal deja a la población más desfavorecida completamente indefensa. Consciente de que la estabilidad social está en juego, el Gobierno va a tomar cartas en el asunto. Incluso el primer ministro, Wen Jiabao, aseguró que se involucrará personalmente y que se introducirán medidas para evitar la especulación. Sólo el tiempo dirá si Wen consigue hacer realidad estas buenas intenciones.
