vitoria. Las Juntas Generales de Álava han conseguido ponerse de acuerdo en uno de los temas más espinosos a los que debe hacer frente la Diputación foral, como es la atención de los menores extranjeros no acompañados. Todas las formaciones políticas, excepto el Grupo Mixto, que decidió abstenerse en la votación, coincidieron ayer en la necesidad de fijar el número máximo de jóvenes que puede admitir cada comunidad autónoma con el fin de conseguir un reparto "equitativo" y "solidario".

En concreto, el Pleno dio ayer luz verde a una moción por la que se insta al Gobierno Vasco a que presente "con la mayor urgencia posible" ante el Ministerio de Sanidad una propuesta consensuada con todas las diputaciones forales que supere la "disparidad de criterio" que existe a la hora de atender a los denominados menas, es decir, aquellos inmigrantes menores de edad que llegan al país en situación de desprotección. Pide, además, que se cree un registro estatal de menores, único e informatizado, que sirva de herramienta de coordinación para las administraciones competentes.

Ha sido necesario llevar a cabo un intenso trabajo en los despachos de las Juntas para que finalmente los grupos, incluido el PSE, hayan accedido a demandar una medida que ni siquiera la recién aprobada Ley de Extranjería contempla, como es la creación de unos cupos que fijen el número máximo de menores que cada comunidad puede atender. Dicho cupo, según explicaron ayer los grupos firmantes del acuerdo, debe venir dado no sólo por la población de cada territorio, sino por otros factores como su riqueza o los índices de PIB.

Para el PNV se trata de una medida necesaria a juzgar por la actitud que han mostrado algunas comunidades autónomas, que han tratado de evadir su responsabilidad. "Algunas se han echado a la carrera para quitarse a los menores de en medio", declaró la jeltzale María Jesús Agirre. Es por ello que las Juntas Generales de Álava piden al Gobierno autonómico que negocie cuanto antes con Madrid unos criterios de distribución.

Además, la moción de ayer también insta a que se constituya un registro estatal de menas, como herramienta fundamental para trabajar en este campo. Los grupos creen también que se debe establecer un protocolo homogéneo para averiguar la edad de los menores, y es que, tal y como recordó el PP ayer, el 30% de los que solicitan ser acogidos identificándose como un mena, tiene más de 18 años.