El PSOE no quiere derogar el recurso previo a los estatutos pero permite el debate de la propuesta del PNV

No hay desaire, pero tampoco acuerdo. El PSOE, el partido que lidera el Gobierno español y que mantiene una dinámica de colaboración con el PNV en las Cortes estatales y en las instituciones vascas, no quiere eliminar el recurso previo de inconstitucionalidad contra los estatutos de autonomía.Como ya hizo en 2021, el Congreso de los Diputados respaldó este martes de manera mayoritaria que la propuesta del PNV para derogar ese recurso sea tomada en consideración y se pueda debatir, y lo hizo con el apoyo del PSOE. Pero, como ya hicieron en la legislatura pasada, los socialistas matizaron que no quieren eliminar este recurso y solo acceden a su debate. El PSOE ganó tiempo y abrió la puerta, con la boca pequeña, a que el PNV lo “convenza” durante la tramitación... o a la inversa, que los socialistas convenzan al PNV para que desista, como dijo Artemi Rallo. Este diputado confesó que el PSOE quiere evitar otro conflicto social como el que se desató en Catalunya con el Estatut, es decir, evitar otra fotografía con manifestaciones multitudinarias en las calles como ocurrió tras el cepillado del Tribunal Constitucional al texto que ya habían votado los catalanes. Pero no está claro en qué se basa el PSOE para pensar que no se va a producir ese mismo rechazo social, o mayor, si el tribunal recorta un Estatuto antes de que se permita votarlo siquiera.

Si en 2021 le tocó defender la posición a un vasco, a Odón Elorza, en esta ocasión se ha optado por poner algo de distancia a través de un representante de Castellón. Esta iniciativa del PNV, de hecho, llega en una semana clave para despejar si hay agua en la piscina para acordar un nuevo estatus de autogobierno con PSE y EH Bildu en la comunidad autónoma vasca, y eliminar este recurso previo era para los jeltzales una forma de suprimir una piedra en el camino. En todo caso, en sentido estricto, no impide seguir con el debate para ampliar el autogobierno.

El procedimiento para reformar un Estatuto de Autonomía consiste en aprobarlo en el Parlamento territorial concernido, conseguir el aval de las Cortes estatales, y someterlo después a referéndum entre la ciudadanía de esa comunidad autónoma. Ya existía la posibilidad de introducir un recurso a posteriori, una vez culminada toda la tramitación y con el Estatuto en vigor. En 2015, con el apoyo de PP y PSOE, se introdujo el recurso previo para poder suspender toda la tramitación antes de someter el Estatuto a votación entre la ciudadanía, es decir, antes de conocer su opinión sobre el texto original. Por tanto, si hubiera un recurso por parte del PP, que tiene más de 50 diputados, el nuevo estatus no podría entrar en vigor hasta que se introdujeran los cambios que solicite el Tribunal Constitucional, como si fuera una tercera cámara legislativa que lo puede enmendar. La propuesta de derogación se registró al inicio de la legislatura estatal y, por ello, lleva la firma del anterior portavoz y actual presidente del EBB, Aitor Esteban. Este martes la defendió el jurista jeltzale por excelencia, Mikel Legarda, y se llevó el elogio de los soberanistas catalanes de ERC y Junts, de EH Bildu, y también de los grupos de la izquierda confederal, Podemos y Sumar. Esa mayoría está ahí, pero el PSOE no la quiere activar por ahora. La propuesta del PNV fue admitida a trámite con 175 votos a favor, 171 votos en contra y ninguna abstención, pero algunas ausencias.

Desconfianza preventiva, censura y psíquicos de 'Minority Report'

Lo que se ha registrado es una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en dos aspectos: eliminar el recurso previo contra los estatutos, y suprimir también las previsiones que permiten que el Constitucional pueda suspender a las autoridades públicas y garantizar por diversas vías las ejecuciones de sus sentencias. Esas dos cuestiones se incorporaron en 2015, ambas con el apoyo del PP, pero el PSOE solo respaldó el recurso previo. Este martes, por tanto, el PSOE siguió oponiéndose a eliminar ese recurso y sí se mostró partidario de eliminar las sanciones pero, como todo iba en el mismo paquete, accedió en general a su tramitación.

Los grupos que intervinieron a favor de esta derogación repitieron que los problemas políticos no se pueden resolver por la vía judicial, y desde Sumar, Vicenç Vidal retrató el absurdo de la situación actual al compararla con la película Minority Report, donde unas personas con poderes psíquicos experimentan visiones que sirven para realizar las detenciones antes de que se cometan los delitos. El recurso previo, para estos partidos, arroja una sombra de la sospecha y una censura previa que se aplica solo para los estatutos de autonomía.

Mikel Legarda rechazó este acto de “desconfianza preventiva políticamente inaudito y arbitrario”, por un lado, porque parece que las Cortes desconfían de su propia capacidad para aprobar normas constitucionales y necesitan habilitar este control previo y, por otro lado, porque solo se aplica para los estatutos de autonomía, y no otras leyes orgánicas. Es también un instrumento de “obstrucción” porque “se pone en manos de la minoría parlamentaria, de la oposición, un instrumento de bloqueo de lo aprobado por la mayoría”; y deja en manos de un tribunal un problema político y lo convierte en una tercera cámara legislativa con “la tentación de invadir la competencia del legislador”.

Al socialista Rallo sí le pareció “virtuoso” que se deroguen las sanciones coercitivas que se aprobaron mirando al procés catalán, pero se opuso a derogar el recurso previo contra los estatutos. Dijo que no pretende cercenar aspiraciones. “Esta ley pretendía atemperar y mitigar el potencial conflicto social e institucional de la declaración de inconstitucionalidad de una reforma aprobada y ya refrendada por los ciudadanos de una comunidad autónoma, una indeseable colisión de legitimidades. Todos conservamos en nuestra retina la manifestación en Catalunya en respuesta a la sentencia del Estatut”, defendió.

El PP carga contra Aitor Esteban y su “gora Euskadi askatuta”

PP y Vox volvieron a ser los únicos partidos del Congreso que se opusieron a debatir siquiera la propuesta del PNV. Vox recurrió a su discurso habitual, pidiendo cárcel para quien busque la independencia, pero también el PP optó por un registro donde no hubo trazo fino o una argumentación más jurídica. La diputada popular Edurne Uriarte, centrándose en la anécdota, recordó que la propuesta la firma Aitor Esteban: “¿Recuerdan cómo se despidió del Congreso? Con un gora Euskadi askatuta, arriba Euskadi liberada. Y lo hizo con el aplauso del PSOE. ¿Liberada de qué? ¿Es que Euskadi está oprimida? ¿Es que España no es una de las democracias más descentralizadas del mundo? El PNV es un partido que no respeta la Constitucion, cuyo máximo líder, Aitor Esteban, defiende posiciones independentistas. También el lehendakari Pradales ha dicho que es proindependentista. De ahí la incongruencia de esta propuesta”, lanzó, para añadir que el PNV está negociando “con EH Bildu” un nuevo estatus y están “de acuerdo” en el “derecho a decidir”. Incluso dio por hecho que el PSOE iba a ceder con la derogación del recurso previo, mientras el socialista Rallo se señalaba la oreja desde el escaño para preguntar si había escuchado algo de lo que había dicho.

Los partidos a la izquierda del PSOE, los soberanistas catalanes y EH Bildu apoyaron la propuesta jeltzale. Jon Iñarritu, de EH Bildu, apostó por “desmontar la artillería legal que aprobó el PP contra Catalunya”, aunque en su caso matizó que no le preocupa solo el recurso previo, sino también el que se puede presentar después: “Nunca, nunca, nunca ese tribunal debería poder revertir consensos amplios aprobados por los parlamentos”. Desde Junts, Josep Pagès i Massó también mostró su apoyo e, incluso, invitó al Gobierno español a tomar como base la reforma de la ley de secretos oficiales del PNV que “sí cumple los estándares democráticos”. Desde ERC, Francesc-Marc Álvaro Vidal tuvo una intervención dura sobre el problema de “calidad democrática” en el Estado español.