El Parlamento Vasco ha acogido este jueves un debate muy sensible porque afecta a los pensionistas, que han protagonizado masivas movilizaciones en las calles de Euskadi. La Cámara ha sometido a debate una iniciativa legislativa popular impulsada por el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, que había recabado más de 145.000 firmas, y que solicitaba que se equiparasen esas prestaciones al salario mínimo interprofesional, que en estos momentos asciende a 1.184 euros mensuales en 14 pagas. La votación para decidir si la propuesta se admitía a trámite y se abría el periodo de enmiendas vino precedida de una fuerte presión política a los dos partidos que forman el Gobierno, PNV y PSE, que rechazaron la iniciativa y trataron de hacer pedagogía en un asunto que saben que es delicado en términos de opinión pública. Había una concentración en Gasteiz, y el resultado de esta votación provocó duras críticas de los sindicatos ELA, LAB y CCOO.
El PNV argumentó su rechazo en que la competencia para regular las pensiones es del Gobierno español; reivindicó el modelo vasco de la RGI, que complementa los ingresos de unos 15.000 pensionistas y que tiene en cuenta los ingresos totales del hogar para medir la necesidad “real” de la ayuda, en lugar de valorar únicamente los ingresos individuales de cada solicitante y concederla de manera universal; y que, tal y como estaba redactada la ILP, su coste económico pondría en riesgo el equilibrio del sistema de protección social, en palabras de Markel Aranburu, que abrió la puerta a seguir hablando en el futuro.
Desde el PSE, la argumentación fue similar. Este partido se encarga de gestionar la RGI en el Gobierno vasco de la mano del vicelehendakari segundo, Mikel Torres. Ekain Rico aseguró, por un lado, que el Gobierno español de Pedro Sánchez ha revalorizado las pensiones y, en clave más doméstica, dijo que un pensionista vasco ya tiene “garantizada” una renta de 1.080 euros al mes, que puede aumentar en función de la unidad de convivencia a 1.535 euros. Pero puntualizó que la ILP solo tiene en cuenta la renta y el patrimonio del solicitante, mientras que el sistema de la RGI tiene en cuenta la renta y patrimonio de toda la unidad convivencial para medir la necesidad real. Introducir un criterio universal para los pensionistas supondría aplicarles a ellos otra vara de medir, y sería un factor de desigualdad para otros colectivos vulnerables.
PNV y PSE tienen mayoría absoluta en el Parlamento Vasco, y sus votos bastaban para rechazar la iniciativa, pero a ellos se les sumó el escaño de la ultraderecha de Vox, lo que contribuyó a enrarecer este debate. Con un tono más duro, Amaia Martínez dijo que este tipo de ayudas lanzan un mensaje “muy peligroso y desmotivador” porque “da igual lo que hayas cotizado; quien haya cotizado 20 o 40 años acabará cobrando lo mismo que quien apenas ha cotizado”.
EH Bildu busca el desgaste: PNV y PSE "han dado la espalda a dignificar las pensiones"
El PP se abstuvo con críticas a la gestión del Gobierno vasco, mientras que EH Bildu y el parlamentario de Sumar, Jon Hernández, votaron a favor. EH Bildu, por boca de Nerea Kortajarena, acusó a PNV y PSE de no permitir siquiera el debate y les afeó que no intervinieran hasta el turno de explicación de voto, tras la votación de la iniciativa (el PP también esperó hasta el turno de explicación de voto). Y recriminó al PNV que vote en contra mientras el lehendakari Pradales habla de “desafección” ciudadana y de abordar los debates que están en la calle.
Consciente de que este debate tiene proyección pública, EH Bildu se empleó en el desgaste al Gobierno, y su portavoz Pello Otxandiano publicó después un artículo en su blog para asegurar que PNV y PSE “han dado la espalda a la dignificación de las pensiones”. Sumar apeló a la “obligación moral” de, al menos, permitir el debate de la iniciativa y después enmendarla. La iniciativa la presentó en tribuna la portavoz del movimiento de pensionistas, Ana Mezo, quien reivindicó las 145.142 firmas conseguidas y aseguró que “no es lógico” cortar “de raíz” el debate.
