Un total de 75 alcaldes y decenas de concejales de municipios gobernados por el PNV, EH Bildu y formaciones independientes se concentraron esta mañana frente al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) para denunciar que la ofensiva judicial contra el euskera se trata “de un ataque directo contra la voluntad democrática de la mayoría de la sociedad” y contra las instituciones vascas, que “rompe el consenso” de las últimas décadas y “daña gravemente” el autogobierno vasco. Esta protesta es la respuesta unitaria de la representación municipal vasca al fallo del Tribunal Supremo que, asumiendo las tesis de VOX, que ha anulado varios artículos del Decreto 179/2019 que permitían a los ayuntamientos priorizar el uso del euskera en su relación con la ciudadanía, junto a otras medidas destinadas a la normalización de la lengua.
Los 200 cargos electos, makila en mano, repitieron la estampa que protagonizaron en julio de 2023 contra la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que tumbó Ley de Instituciones Locales de Euskadi que facultaba a los ayuntamientos para decidir cómo regular el uso del euskera y el castellano en sus relaciones internas y públicas. Un acto simbólico, al que siguió una multitudinaria manifestación a favor del euskera que se celebró el 4 de octubre de ese año. Son ya cerca de 30 las sentencias dictadas por la justicia española contra leyes aprobadas con amplio consenso en el Parlamento Vasco y que están laminando la competencia de las instituciones vascas para desarrollar una política lingüística que refuerce el euskera, como lengua minorizada.
La protesta convocada por Euskalgintzaren Kontseilua –que agrupa a los principales agentes sociales a favor del euskera– contra el fallo del Supremo de la semana pasada congregó en las escalinatas del Palacio de Justicia de Bilbao a numerosos alcaldes como Juan Mari Aburto (Bilbao), Martin Aramendi (Ataun y presidente de UEMA), Esther Apraiz (Derio y presidenta de EUDEL), Nadia Nemeh (Bermeo), Gorka Alvarez (Sestao), Xabier Lertxundi (Hernani), Iban Rodriguez (Leioa), Maider Morras (Arrasate) o Ainize Gastaka (Laudio). El alcalde de Donostia, Eneko Goia, y la teniente de alcaldesa de Gasteiz, Beatriz Artolazabal, no pudieron asistir acto pero se adhirieron al manifiesto que leyó Idurre Eskisabel Larrañaga, secretaria general de Kontseilua.
Tres minutos de silencio
Tras guardar tres minutos de silencio, Eskisabel leyó una declaración conjunta en la que se llama a responder "desde la unidad" ante la ofensiva judicial porque "los derechos lingüísticos solo se convierten en derechos reales cuando pueden ejercerse en todos los ámbitos de la vida”. Este sentido dijo: ”No podemos limitarnos a resistir los ataques, es hora de avanzar. Debemos reforzar la seguridad jurídica y, junto con los cambios legislativos necesarios, fomentar una actitud proactiva en la sociedad vasca con el mayor consenso posible".
Según el manifiesto, la sentencia del Supremo niega a los gobiernos locales desarrollar con libertad una política lingüística propia aun siguiendo la normativa vigente. "Es un ataque directo contra la voluntad democrática de la mayoría de la sociedad y contra las instituciones vascas, que rompe el consenso de las últimas décadas y daña gravemente nuestro autogobierno. Como consecuencia de esta sentencia, no se podrá priorizar el euskara en los ayuntamientos, ni siquiera cuando se utiliza conjuntamente con el castellano", denunció Eskisabel.
También explicó que, si se quiere normalizar el uso del euskara en la administración, es necesario "adoptar medidas concretas para que el euskara alcance la misma categoría que el castellano, tal como aspira la normativa vigente". Por otro lado, condenó que, tanto el TSJPV, como el TS hayan hecho suyos los argumentos "del partido ultraderechista Vox" y afirmó que la sentencia es "un ataque directo contra la voluntad democrática de la mayoría", además de "romper el consenso de las últimas décadas y dañar gravemente nuestro autogobierno".
“El euskara nos necesita”
Según la declaración, el euskera se encuentra en situación de emergencia lingüística. "Los agentes sociales que trabajamos a favor del euskara, junto con la Red Europea para la Igualdad de las Lenguas, ya expresamos que el euskara se encuentra en situación de emergencia lingüística, y, asimismo, las últimas investigaciones publicadas han puesto de manifiesto el riesgo de estancamiento y retroceso", apuntó. Mientras las instituciones vascas y los agentes políticos "están realizando un esfuerzo considerable para que el euskara tenga oficialmente presencia en las instituciones europeas", censuró que "se multipliquen las resoluciones judiciales que las obstaculizan y frenan su normalización".
La secretaria general de Kontseilua concluyó expresando que "necesitamos el euskara y el euskara nos necesita". "Porque el euskara es nuestra lengua, la que nos hace euskaldunes. Hoy adquirimos el compromiso de impulsar las medidas necesarias para ello. Es hora de ir más allá, de dar un salto en las políticas lingüísticas. De abrir el camino a una nueva era de revitalización".
Tras la concentración, los alcaldes y alcaldesas alzaron sus makilas y aros (como símbolos de mando) en medio de un cerrado aplauso. En declaraciones a los medios, la alcaldesa de Elgoibar, la jeltzale Maialen Gurrutxaga, apostó por "el trabajo conjunto" desde las instituciones locales, para no permitir "ni un paso atrás" en la normalización de la lengua. Por su parte, el concejal de EH Bildu en Zumarraga Josu Aztiria defendió "trabajar en la seguridad jurídica" de las medidas a favor del euskera y, para ello, abogó por avanzar en "una nueva arquitectura jurídica para contar con un nuevo estatus jurídico".