Caso 'hidrocarburos': arranca la ronda de declaraciones por el presunto fraude millonario que salpica a Aldama

 El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz da comienzo este miércoles a la ronda de interrogatorios programada en el conocido como caso hidrocarburos, que gira en torno a un presunto fraude millonario en este sector y en el que se investiga al empresario Víctor de Aldama.

Desde este miércoles hasta el próximo 3 de abril, el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 tomará declaración a casi una veintena de investigados, entre los que no están, sin embargo, los dos presuntos líderes de la trama, Víctor de Aldama -a su vez presunto conseguidor y pieza clave del conocido como caso Koldo- y su socio Claudio Rivas. En esta causa, el magistrado investiga a una presunta organización criminal -en cuya cúspide la Guardia Civil sitúa a De Aldama y a Rivas-que habría defraudado 182,5 millones en IVA al erario público entre 2022 y 2024, aunque uno de los últimos informes policiales elevaba el presunto fraude a 231 millones desde 2021.

Caso hidrocarburos

Ambos empresarios declararon brevemente cuando fueron detenidos el pasado mes de octubre y enviados a prisión provisional por esta causa. Ambos se encuentran ya en libertad. En el caso de De Aldama, desde noviembre, tras llegar a un acuerdo con Fiscalía y apuntar al pago de comisiones a altos cargos en el caso Koldo. El juez interrogará este miércoles a dos personas relacionadas en el momento de los hechos con la operadora Villafuel, empresa sobre la que pivota la trama: su administrador, Pedro Antonio Marín y su director comercial, Javier Cillán.

Investigados

La Guardia Civil considera que ambos cooperaron con Claudio Rivas, su hermana y Víctor de Aldama en la implementación y control del conglomerado societario conformado por Villafuel y las suministradoras, "con la finalidad de llevar a efecto la actividad defraudatoria que les permitirá incrementar de manera notable sus ventas e ingresos", según uno de los informes que obran en la causa. Sospecha que Pedro Antonio Marín fue un testaferro de la supuesta organización criminal, que trabajaba para desvincular a los presuntos líderes de la mercantil que encabezó la operativa defraudatoria.

En el caso del segundo, persona de confianza de la familia Rivas, los investigadores creen que era un "especialista en la operativa comercial que desarrolla la estructura investigada en el sector de los hidrocarburos y contable de la misma" con la función de "lograr la conjunción adecuada y precisa entre la realidad operativa y la realidad documental", algo "imprescindible" para que la organización pueda "prolongar la operativa criminal". Tras su declaraciones como investigados, el viernes el magistrado interrogará a otros dos supuestos testaferros de la trama, uno de ellos administrador de una suministradora interpuesta para "perfeccionar el fraude tributario" y amigo de Aldama y Rivas.