La Audiencia Provincial de Madrid ha solicitado al juzgado que investiga por presunto tráfico de influencias a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, que le remita toda la causa para poder resolver sobre los recursos interpuestos por Gómez y la Fiscalía para que se archive o acote la investigación.

Según la providencia, la sección 23 de la audiencia madrileña explica que "examinadas las actuaciones y siendo necesario" para resolver el recurso presentado por Begoña Gómez y por la Fiscalía, el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid debe remitir a la Sala "testimonio íntegro de la causa".

La Audiencia Provincial de Madrid tiene fijada para el 30 de septiembre la deliberación y decisión sobre los recursos presentados por el abogado de Begoña Gómez y por la Fiscalía en los que piden que se archive o acote la investigación del juez Juan Carlos Peinado a la mujer del presidente del Gobierno.

La Sección 23 de la Audiencia madrileña decidirá ese día si avala o no la investigación llevada a cabo hasta el momento por el juez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Estos recursos se presentaron a principios de julio, antes de que el juez diera un impulso a la investigación y decidiera imputar al empresario Juan Carlos Barrabés y al rector de la Complutense, Joaquín Goyache, y citar como testigo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Recurso de Gómez

En su recurso de apelación, la defensa de Begoña Gómez pidió al tribunal que archive la causa, dado que "no existe elemento alguno que permita abrir la investigación universal" de la que estima está siendo objeto.

Fue su recurso al auto del juez en el que señaló que "los hechos objeto de investigación son todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es el presidente del Gobierno de España que se contienen en la denuncia inicial".

El magistrado añadía que quedaban excluidos de su investigación los hechos relativos a los contratos adjudicados a la unión temporal de empresas Innova Next y Escuela de Negocios The Valley por la entidad pública Red.es, financiados con fondos europeos y cuyo conocimiento corresponde a la Fiscalía Europea.

A juicio de la defensa de Gómez, la parte dispositiva del auto recurrido pone de relieve que su defendida está sufriendo una "investigación prospectiva, que está proscrita en un sistema procesal democrático".

También la Fiscalía recurrió en apelación ante la Audiencia y pidió acotar la causa en los términos que ese mismo tribunal planteó en un auto dictado en mayo en el que, si bien avaló la apertura de la investigación, la acotó a los contratos firmados por Innova Next, propiedad de Juan Carlos Barrabés.