El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha convocado el próximo lunes a las 19.00 horas un pleno extraordinario para abordar la amnistía del "procés", a petición de ocho vocales conservadores.
Según informa el órgano de gobierno de los jueces, Guilarte ha aceptado la propuesta de estos ocho vocales que, sin conocer aún el texto de la proposición de ley, consideran la amnistía una "medida de abolición del Estado de Derecho" que "violenta la Constitución" y convierte a la Justicia en "una quimera".
El presidente ha convocado el pleno en base a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que debe celebrarse "si lo considerare oportuno el presidente o si lo solicitaren cinco vocales", y al Reglamento de Organización y Funcionamiento del CGPJ, que recoge que la celebración de una sesión extraordinaria procede cuando sea solicitada por escrito al presidente por cinco o más vocales.
Los ocho vocales que lo han solicitado son Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez, José María Macías, Nuria Díaz y Ángeles Carmona.
Este grupo ha hecho pública una propuesta de declaración institucional sobre la amnistía, que esperan que respalde el pleno, que subraya que la amnistía no es viable dentro del marco constitucional y que es incompatible con el Estado de derecho.
Califican la amnistía como una "medida de degradación, cuando no de abolición del Estado de Derecho en España" que "violenta la Constitución" y que producirá "inevitablemente" consecuencias "en perjuicio del interés general de España" y convertirá la independencia de los tribunales y la seguridad jurídica "en una quimera".
En el documento planteado, se denuncia que el presidente del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, justifique la amnistía como una medida por el "interés de España", cuando persigue impedir un eventual gobierno de partidos de derecha y "mantenerse en el Gobierno".
Fuentes jurídicas consultadas por EFE ven "imposible" que esta iniciativa salga adelante. No creen que los ocho conservadores llegaran a sumar apoyo alguno y menos del presidente que "debe guardar la posición institucional" del Consejo, como tampoco creen que la respalde el vocal Wenceslao Olea, a quien califican de "muy institucional", en la senda de Guilarte.
La petición de los ocho vocales ha causado "conmoción" en el resto, que lo ven "una incitación a la sublevación y a un golpe de estado de los jueces" tratando de "intervenir abiertamente en la política".
