El Congreso avala por mayoría absoluta el uso de las lenguas cooficiales

PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y CC han votado a favor de que se reforme el Reglamento de la Cámara baja para que se pueda implantar el uso del euskera, catalán y gallego en los plenos, las comisiones, y en todas las iniciativas, que deberán requerir de traducciones.

Pese a la oposición del PP, Vox y UPN, que han lamentado que se haya tomado en consideración esta iniciativa y han criticado su trámite por la vía de urgencia, la reforma ha sido aprobada por 176 votos a favor, 169 en contra y 2 abstenciones.

A partir de ahora se abre un plazo de 48 horas para presentar enmiendas a la totalidad y enmiendas parciales, aunque muy previsiblemente serán rechazadas en su debate, el jueves en una nueva sesión plenaria.

Vox ha anunciado que presentará enmienda a la totalidad porque la reforma supone "un ataque al principio de la indisoluble unidad de España que establece la Constitución" y "ataca directamente la importancia de la lengua española como elemento de cohesión política y territorial".

La reforma del Reglamento prevé un plazo máximo de seis meses para disponer de los medios necesarios para tramitar los escritos presentados en alguna lengua oficial distinta al castellano.

Mientras tanto, los diputados que presenten sus escritos en euskera, catalán o gallego deberán incluir la traducción.

Por otra parte, en el Diario de Sesiones del Congreso se reproducirán íntegramente todas las intervenciones y acuerdos adoptados en los plenos, en la Diputación Permanente y en las comisiones, tanto en la lengua en la que se hubiesen pronunciado como en castellano.

El pleno del Congreso también ha aprobado tras la toma en consideración esta tramitación por la vía de urgencia por 179 votos a favor y 171 en contra.

La reforma del Reglamento que inicia ahora su andadura parlamentaria persigue que se puedan usar las lenguas cooficiales en todos los debates de la Cámara y en la presentación de iniciativas, si bien no menciona expresamente el euskera, el catalán o el gallego, sino que permite el uso de "cualquiera de las lenguas que tengan carácter de oficial en alguna Comunidad Autónoma de acuerdo con la Constitución y el correspondiente Estatuto de Autonomía".

Esas lenguas cooficiales se podrán utilizar en todos los debates parlamentarios, tanto en el Pleno y la Diputación Permanente como en las distintas comisiones, y todo desde la misma entrada en vigor de la reforma reglamentaria.

Lo único que se retrasa en el texto registrado es el uso de lenguas cooficiales al presentar escritos, pues se establece un periodo de transición de un máximo de seis meses para adaptar los servicios de la Cámara, tiempo en el que los grupos podrán registrar iniciativas en euskera o catalán, pero deberán acompañar la traducción al castellano.

El Diario de Sesiones, además, recogerá las intervenciones tanto en la lengua cooficial como en castellano, al igual que las actas taquigráficas de las sesiones que fueran declaradas secretas y no publicables. Y el Boletín de las Cortes publicará las iniciativas escritas en la lengua cooficial utilizada y en castellano.   

Para aplicar estos cambios, el Congreso dispondrá de los medios personales y materiales necesarios, incluyendo los servicios de traducción e interpretación de todas las lenguas que tengan el carácter de oficial. La iniciativa mandata a la Mesa del Congreso para que, oída la Junta de Portavoces, establezca los procedimientos y los medios necesarios.

Sin embargo, el órgano de gobierno de la Cámara, donde el PSOE y Sumar tienen mayoría, ya ha acordado destinar más de 53.000 euros sólo en los medios técnicos que necesita para garantizar el arranque de la traducción de las lenguas cooficiales. Y lo ha hecho antes incluso de que se tomara en consideración la reforma del Reglamento, lo que ha soliviantado al PP.

A esa cifra hay que sumar el coste que supondrán los 12 traductores que estarán a disposición del Congreso, que variará en función de las necesidades de cada sesión plenaria y de la tarifa que cada uno ofrezca. En todo caso, el Congreso ha presupuestado un máximo de 280.000 euros hasta final de año para hacer frente a los gastos del estreno de los plenos plurilingües.  

En la proposición de ley registrada, los grupos proponentes aprovechan para cambiar el masculino genérico de los artículos del reglamento afectados, y ya no sólo se habla de la lengua que podrán usar "los diputados", sino de "los diputados y las diputadas".

Es más, se añade Disposición Adicional para ordenar que "en el plazo más breve posible se acometerá una revisión del texto del Reglamento del Congreso para adecuarlo al lenguaje inclusivo de género".