Las exigencias de Junts para que Pedro Sánchez pueda repetir en La Moncloa han situado en el centro del debate político la posibilidad de elaborar una ley para amnistiar el 'procés'. De ser así, y en el supuesto de que pasara el filtro constitucional, entre los potenciales beneficiarios estarían los prófugos y condenados por el 1-O --como el ex president Carles Puigdemont y su ex 'número dos' Oriol Junqueras-- y los cargos menores implicados en el referéndum ilegal.
Aunque los expertos constitucionalistas y las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press insisten en que todo dependerá de la literalidad de la eventual ley de amnistía, que será la que fije los hechos perdonados, el alcance de sus consecuencias y a quién competerá determinar en cada caso las personas concretas a las que se les puede aplicar, lo cierto es que pueden vislumbrarse ya más de 40 posibles beneficiados.
Con todo, el primer grupo de potenciales beneficiarios es el de los prófugos del 1-O, empezando por Puigdemont --procesado tras la derogación de la sedición por desobediencia y malversación--, que lleva seis años fugado asentado en su residencia belga de Waterloo. Junto a él, verían extinguir sus presuntas responsabilidades penales los ex consejeros Clara Ponsatí, Toni Comín y Lluis Puig, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, también huidos y procesados.
La amnistía de los sucesos que desembocaron en el 1 de octubre de 2017 también podría afectar a la ex diputada de la CUP en el Parlament Anna Gabriel, que estuvo fugada hasta el año pasado, cuando se presentó voluntariamente en el Supremo. Procesada por desobediencia, el alto tribunal envió su caso a la Audiencia de Barcelona.
El segundo gran grupo de hipotéticos agraciados serían los condenados por el 'procés', ya que el Gobierno les perdonó en 2021 las penas de cárcel que recibieron en 2019 por delitos de sedición y malversación, pero mantuvo vigentes sus penas de inhabilitación.
De los 12 condenados, solo Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa siguen inhabilitados, ya que el Supremo extinguió las penas de inhabilitación recaídas sobre Carmen Forcadell, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Josep Rull y Joaquín Forn tras revisar sus condenas debido a la reforma que derogó la sedición y modificó la malversación. En cuanto a los otros tres sentenciados por el 1-O --Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santiago Vila--, ya purgaron sus penas.
SIN LÍMITES
Miguel Presno Linera, experto en derecho constitucional y catedrático de la Universidad de Oviedo, explica en declaraciones a Europa Press que una ley de amnistía "podría hacer que desapareciesen los hechos y las consecuencias jurídicas derivadas de los mismos", lo que implicaría que "quienes no han sido juzgados no lo puedan ser y que los condenados no cumplan sus penas", lo que incluiría las no indultadas.
Xavier Arbós, catedrático de derecho constitucional de la Universidad de Barcelona, coincide en que la extinción de las penas de inhabilitación de Junqueras y los demás "depende de lo que diga la ley de amnistía, de lo que fije su alcance". Y ello porque "la amnistía tiene el contenido que el legislador quiera darle", con el único límite que imponen los tratados internacionales por la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, como la tortura.
En este escenario, Junqueras --que ahora mismo está inhabilitado hasta 2031-- podría concurrir a las próximas elecciones catalanas, previstas para 2025, si finalmente la ley de amnistía reclamada por Junts viera la luz y recibiera el visto bueno del Tribunal Constitucional (TC). Superado este obstáculo (no menor), las fuentes jurídicas preguntadas insisten: "Si se da por constitucional la posibilidad de amnistía, no hay límites".
LOS PREPARATIVOS DEL 1-O
A los grandes nombres del 'procés' se suman otros menos conocidos que también podrían resultar favorecidos por una amnistía. Destacan la consejera catalana de Cultura, Natàlia Garriga; el presidente de ERC en el Parlament y ex secretario general de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové, y el también diputado y ex secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, a la espera de juicio en el TSJ de Cataluña (TSJC) por los preparativos del 1-O.
Según la investigación judicial, Jové --miembro de la delegación catalana en la mesa de diálogo entre Moncloa y Govern-- desoyó los mandatos del Tribunal Constitucional contra la organización del referéndum independentista; habría obtenido datos personales de los catalanes de forma irregular para elaborar un censo; participó "activamente" en la búsqueda de locales para votar; y en su ordenador había archivos como 'modelo de papeleta'.
Entre los indicios contra Jové y Salvadó, la instructora detalla que hicieron presentaciones ante otros estados y organismos para obtener financiación, y también que se dotó a la Agencia Tributaria del sistema e-Spriu, capaz de recaudar y gestionar y ejecutar impuestos para los que "no se tenían competencias" como IRPF, IVA o Sociedades.
La instructora también cree que Salvadó ideó un programa de homogeneización de los mecanismos internos de tramitación de tributos y cotizaciones sociales que ingresaba la Generalitat al Estado, para "controlar y contar con la máxima información posible sobre sujetos tributarios y sobre las cuotas satisfechas de los impuestos estatales no cedidos".
A ellos se añaden los 30 procesados en otro caso por el Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona por delitos de malversación, desobediencia, prevaricación, revelación de secretos y falsedad documental, también por los preparativos del referéndum ilegal.
Asimismo, la consejera de Acción Exterior de la Generalitat, Meritxell Serret, que estuvo prófuga pero en 2021 se entregó al Supremo y finalmente el pasado abril fue condenada por el TSJC a un año de inhabilitación por desobediencia en la organización y la celebración del 1-O, podría ver desaparecer su pena.
