No dejan de llegar desde Europa inversiones, pronunciamientos y reglamentos que consideran que el Tren de Alta Velocidad y su conexión en frontera con Euskadi son prioritarios, y deben estar operativos en 2030. Llegados a este punto, el lehendakari Iñigo Urkullu ya proclamó en marzo en unas declaraciones en el Parlamento Vasco que los objetivos europeos no pueden quedar al albur de los caprichos de un Estado miembro, de Francia, que retrasa la puesta en marcha de su tramo hasta 2042 y ni siquiera pone fecha a la conexión en frontera. Urkullu comenzó a realizar las gestiones necesarias para llamar a la puerta de Europa y pedirle que mueva ficha. Tras procurarse el apoyo del presidente de Nueva Aquitania, la región más extensa y la cuarta más poblada de la propia Francia, Iñigo Urkullu ha participado este miércoles en compañía de Alain Rousset en una reunión por videoconferencia con la comisaria europea de Transportes, Adina Valean, a quien le ha reclamado que active “todos los mecanismos” para exigir a los estados miembro atlánticos y a todas las administraciones concernidas que ejecuten sus obligaciones “en forma y plazo”, y ha pedido también que Bruselas pueda “atajar retrasos adicionales”.
Según fuentes de Lehendakaritza consultadas tras el encuentro, la reunión ha sido “muy positiva” en la medida en que Valean recalcó su “compromiso” con la conexión ferroviaria entre Francia y Euskadi y reiteró que la Comisión está haciendo “todo lo posible para que Francia cumpla con sus compromisos manteniendo la fecha de 2030”. Puede parecer que se limita a confirmar el respaldo de Bruselas, que ya se conocía, pero las fuentes consultadas añaden que la Unión Europea “priorizará la financiación de proyectos de infraestructuras transfronterizos”. Así se lo anunció Valean a Urkullu y Rousset. Esto supone adelantar ya una medida práctica de apoyo al TAV y la conexión Burdeos-Hendaia-Gasteiz. Es difícil que se concrete en un movimiento a corto plazo, aunque sí parece estar claro que se va a hacer lo posible para canalizar esas subvenciones europeas, para que se dirijan a esos proyectos que afectan a varios estados y se deje en un segundo plano lo que pueda resultar más accesorio. Alguna señal en esta dirección ya se ha visto hace unos días, con los 87 millones que ha destinado Bruselas dentro del programa Conectar Europa para la línea Burdeos-Dax y la conexión en la muga.
La situación es compleja porque el Estado francés es uno de los miembros más influyentes de la Unión Europea, lo que complica en extremo la posibilidad de sancionarlo y reduce el abanico de las posibles soluciones. De momento, todo parece apuntar hacia un mayor control sobre las subvenciones que concede Europa, para que la concesión sea más acorde con los ejes clave para Bruselas, de manera que impulsen los proyectos prioritarios. Además, Francia no está consiguiendo que se renegocien los plazos en el marco de las conversaciones sobre el reglamento RTE-T. El año 2030 es inamovible y se ha vuelto a comprobar tras esta reunión con el lehendakari y el presidente de Nueva Aquitania.
El Parlamento Europeo debatió hace unas semanas la posibilidad de retirar las ayudas para una infraestructura determinada a los estados que incumplan los plazos para llevarla a cabo, pero podría ser peor el remedio que la enfermedad, ya que, si Francia no tiene interés en el TAV y además se le retiran las subvenciones, podría lavarse las manos de manera definitiva. Una solución alternativa podría ser retirarle otras inversiones que no tengan un carácter tan prioritario.
"Que todas las partes cumplan escrupulosamente"
Urkullu trasmitió a Valean su “profunda preocupación” por la posibilidad de que la conexión en frontera no esté lista para 2030, y justificó la necesidad de este proyecto en que, por un lado, los territorios implicados quieren seguir participando en el mercado único y la ciudadanía debe disfrutar de la libre circulación y, por otro, se tienen que cumplir los objetivos de lucha contra el cambio climático, donde el transporte por tren va a contribuir a rebajar los niveles de carbono. El lehendakari agradeció a Valean sus muestras de apoyo en los últimos meses, pero alertó de que los pronunciamientos europeos son muchas veces “desoídos en la práctica”.
“Los retrasos e incumplimientos implican pérdida de competitividad y oportunidades e hipotecan nuestra sostenibilidad. Entendemos por ello imprescindible que todas las partes afectadas cumplan escrupulosa y puntualmente con los compromisos adquiridos. Entendemos, asimismo, que corresponde a la Comisión intervenir cuando las decisiones de inversión de los estados miembro contravienen los acuerdos alcanzados y perjudican el interés general y la perspectiva europea”, dijo, para preguntar después a Valean qué medidas piensa adoptar.
Urkullu y Rousset se felicitaron por el “decisivo avance” que ha supuesto crear la sociedad GPSO que va a contribuir a la realización del corredor atlántico. Ambos recordaron también la declaración de Cardiff aprobada por los territorios del arco atlántico y la declaración de Bilbao de las cámaras de comercio atlánticas.
El lehendakari no acudió a la cita con Valean con una exigencia concreta para sancionar o dirigir las inversiones, porque cree que le corresponde diseñar una fórmula a la propia Comisión Europea. La aspiración que tenía Urkullu, según las fuentes consultadas por este periódico, era que la Unión Europea volviera a hacer suyo el plazo de 2030, y no solo hizo tal cosa, sino que también confirmó el respaldo monetario hacia los proyectos prioritarios.
En los últimos meses se ha producido una cascada de decisiones de la Unión Europea que elevan la presión sobre Francia. La Eurocámara votó el informe que revisa los reglamentos sobre las infraestructuras y que fija la posición de esta institución para negociar con los estados, un debate que volvió a dejar grabado en piedra que el plazo para finalizar los corredores prioritarios, core-network, es el año 2030. A ese dato se le suman los 87 millones de inversión.
