PNV y PSE han evitado una imagen de fractura total por la Ley de Vivienda del Gobierno español en puertas de las elecciones municipales y forales del día 28. Tras unas semanas de tensión porque los jeltzales consideran que la ley de Sánchez es una invasión competencial en toda regla y los socialistas retan al PNV a detallar dónde está esa injerencia, el Parlamento Vasco ha aprobado este jueves la enmienda conjunta de los dos socios que componen el Gobierno de Urkullu. Es una enmienda de mínimos que sí reconoce con claridad que las instituciones vascas tienen la competencia “exclusiva” en vivienda como dice el PNV, y que condiciona los términos de la aplicación de la ley estatal en suelo vasco a una primera criba jurídica sobre las invasiones competenciales y, después, a un análisis sobre las medidas que pueden aplicarse para complementar las actuaciones de la ley vasca, informe que redactará la consejería de Vivienda de Iñaki Arriola, del PSE.
La enmienda, que contó con el apoyo de PP+C’s y se presentó ante una moción de EH Bildu, frena las prisas de Podemos y también de EH Bildu, que exigen aplicar la ley estatal de inmediato, al día siguiente de su aprobación (aún no ha completado su recorrido en las Cortes estatales). Sobre todo, insisten con la declaración de las zonas tensionadas en las que podrá limitarse el precio del alquiler. Aunque el PSE defiende esta ley de su jefe Sánchez, se desmarcó de estas prisas y coincidió en parar los pies a estos dos grupos por una cuestión de rigor y seguridad jurídica porque, en primer lugar, habría que encargar estudios estadísticos e impulsar un diálogo interinstitucional con los ayuntamientos.
Finalmente no cuajó el intento de pactar la enmienda con EH Bildu porque PNV y PSE no han puesto plazos al estudio sobre la aplicación de la ley. Los jeltzales afilaron el lápiz y tomaron nota de la defensa de la ley estatal por parte de EH Bildu, algo que consideran contradictorio con su condición abertzale.
Se da la circunstancia de que este mismo jueves EH Bildu y Podemos han coincidido en defender que el Estado tiene competencias en materia de planificación general de la economía en virtud del artículo 149 de la Constitución española, lo que, para Unai Fernández de Betoño (EH Bildu), da una percha al Estado para defender que tiene la competencia para limitar el alquiler, “guste o no guste”. El PNV está defendiendo en el Congreso una sentencia del Tribunal Constitucional que aclara que ese artículo 149 no puede servir para eliminar las diferencias en la gestión autonómica.
El PNV criticó también que EH Bildu se empeñara tanto en fijar un plazo al estudio, cuando la enmienda que terminó pactando con Podemos-IU tampoco fija uno.
El acuerdo PNV-PSE
La enmienda de PNV y PSE dice que, una vez se apruebe la ley estatal y una vez realizados los informes jurídicos ordinarios (en estos informes se podrían detectar esas invasiones competenciales), y partiendo de la premisa de que la competencia exclusiva la tiene Euskadi según el artículo 10.31 del Estatuto, la consejería de Arriola redactará un documento de aplicación en Euskadi de “aquellos aspectos que puedan suponer incorporación de medidas complementarias” a la Ley de Vivienda vasca de 2015, al desarrollo del derecho subjetivo a la vivienda que en ella se recoge.
La principal virtud de esta enmienda para la relación entre PNV y PSE es que se ha ganado tiempo y se ha sosegado el debate en un contexto electoral, aunque en el fondo se mantienen las discrepancias. Por un lado, el PSE trabaja con el escenario de poner en marcha las zonas tensionadas en las que se podrá poner límite al precio del alquiler.
Parece que da por hecha la aplicación de la ley. En ese sentido, la socialista María Jesús San José dijo que su consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, ha propuesto para el Plan de Estadística 2023-2026 que se incluyan los datos sobre el esfuerzo que dedican las familias al alquiler para dar el soporte necesario a la declaración de las zonas tensionadas. Apostó también por las bonificaciones al alquiler. Pero cargó contra las prisas “electorales” de EH Bildu y Podemos-IU. Sin citar al PNV, dijo que el debate competencial no puede servir para que la ley Sánchez “nos sea indiferente”, sino que permitirá llegar hasta donde ahora Euskadi no llegaría por sí sola.
El PNV, por su parte, sigue defendiendo que la ley invade competencias y sobrevuela la posibilidad de recurrir la ley al Tribunal Constitucional, aunque no será una decisión política, sino de los servicios jurídicos del Gobierno vasco. Irune Berasaluze puso en valor las cuatro décadas de gestión de Euskadi en ese terreno, y volvió a rechazar la ley estatal porque “indudablemente” invade competencias, y criticó el “café para todos” y la recentralización “camuflada” de políticas sociales. Avisó de que EH Bildu de que debería defender el autogobierno.
EH Bildu y Podemos-IU pactaron una enmienda que defiende la ley estatal como paraguas jurídico respetando las competencias vascas, e insta al Gobierno a que se vaya preparando para poner en marcha medidas como un sistema de control de precios adaptado a la realidad vasca.
Desde el PP, que tiene recurridas transferencias vascas en el TC, esta vez se defendieron las competencias exclusivas de Euskadi.
