El enfrentamiento entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la derecha por el definitivo traspaso de la competencia de Tráfico a Nafarroa ha eclipsado la verificación del acuerdo presupuestario del Ejecutivo con sus socios de investidura. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños y el diputado de Navarra Suma, Carlos García Adanero –el mismo que fue expulsado de UPN–, han protagonizado un rifirrafe dialéctico de enormes decibelios en el que este último, como también han hecho otros dirigentes del PP y Vox, ha echado en cara el acuerdo con EH Bildu en esta materia. En verdad, la transferencia en sí ya estaba consensuada desde que Uxue Barkos (Geroa Bai) lideraba el Gobierno Foral, y la actual presidenta navarra, la socialista María Chivite, prometió recientemente que sería efectiva antes de marzo. Es más, desde Moncloa han recordado que el primero que apostó por ejecutarla fue el expresidente español José María Aznar mediante una alianza semejante con UPN allá por el año 2000.
Interior ha salido al paso de la avalancha de críticas puntualizando que en ningún caso la Guardia Civil será expulsada de Nafarroa, sino que los agentes serán reubicados en otras unidades del Instituto Armado en este territorio o podrán acogerse a la pasarela para seguir en Tráfico dentro de la Policía Foral. Desde el Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska han añadido que “el único que ha sacado a la Guardia Civil de Navarra ha sido el PP”, ya que entre 2011 y 2018 el Gobierno de Mariano Rajoy “retiró a un total de 330 agentes del Cuerpo”. “El Gobierno de Pedro Sánchez ha emprendido el camino contrario: desde 2018 hemos aumentado en 94 agentes, un 6,3%, la plantilla de la Guardia Civil” en Nafarroa, han justificado. Con la incorporación este verano de los nuevos agentes de Policía Nacional y Guardia Civil a sus destinos de la Comunidad Foral, son 661 los policías nacionales y 1.581 los guardias civiles en activo en Nafarroa. Son cifras que se acercan al récord histórico de 2.487 efectivos registrados en 2011, según los datos de Interior.
Adanero había calificado de “vergüenza, ignominia e insulto” a la Benemérita y a los ciudadanos que el Gobierno pacte “algo que tiene que ver con la Guardia Civil” con quienes “apuntaban y disparaban” para que asesinaran a agentes, en referencia a Bildu. “Pactan con los que señalaban, los que apuntaban, los que disparaban, los que volaron autobuses llenos de jóvenes guardias civiles, casas cuartel con niños dentro, los que hicieron pancartas trampa para asesinar a guardias civiles, los que han disfrutado, no han condenado y siguen diciendo que mereció la pena”, se ha despachado sin rubor, lo que ha indignado a Bolaños. El ministro de la Presidencia se ha rebelado “ante la demagogia y las mentiras” que se repartían desde la tribuna. En primer lugar, ha tachado de “absolutamente lamentable” que, una vez más, se haya “utilizado a las víctimas de ETA” y ha evocado que la banda fue “vencida” hace más de diez años por la democracia española estando al frente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, quien también logró un “amplio consenso” para la aprobación de la Ley de Víctimas del terrorismo. “Fue Aznar quien inició ese traspaso con el expartido del tránsfuga que ha subido a la tribuna a verter falsedades”, ha replicado en referencia a García Adanero.
“¿En 2000 era una transferencia y hoy es algo muy diferente?”, le ha interpelado, antes de acusarle de estar “mendigando un puesto en las listas electorales” del PP o de Vox. “Son perfectamente indistinguibles, alguno le dará cobijo, pero no venga aquí a mentir de manera absolutamente inaceptable”, ha zanjado Bolaños. “Es falso que se haya expulsado a la Guardia Civil, que conste en el Diario de Sesiones para su vergüenza”, ha apostillado . Por su parte, las asociaciones profesionales de la Guardia Civil también ha aprovechado para denunciar que se ceda al “chantaje” de Bildu a cambio de aprobar los Presupuestos de 2023. Según sus cálculos, afectará de manera directa a unos 220 guardias civiles, con su repercusión en el plano profesional y familiar y también en detrimento de la seguridad ciudadana. Los representantes de guardias civiles entienden que el pacto se alinea con la antigua reivindicación de ETA de "echar a las fuerzas de ocupación", que es como el entorno abertzale sigue llamando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
