- El independentismo catalán investiga, a través de la plataforma Citizen Lab, si el espionaje político que ha puesto patas arriba la política estatal alcanzó al menos a otras 150 personas más, cuyos móviles podrían haber sido infectados también por el sistema de ciberespionaje Pegasus. De este modo, además de las 65 personas iniciales, se sospecha que el espionaje pudo alcanzar a cooperadores y asesores políticos, periodistas, miembros de la sociedad civil vinculados a Òmnium Cultural, la ANC o los CDR, o personas de otras comunidades fuera de Catalunya.

Según fuentes conocedoras de la investigación, adelantadas ayer por El Confidencial, Pegasus tuvo acceso a otros números de teléfono guardados en los terminales que detectó en primera instancia. Cabe recordar que el lehendakari Iñigo Urkullu medió con el president exiliado de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el momento álgido del procés, por lo que mantuvieron diversas comunicaciones. Además de Puigdemont, entre los 65 espiados está el actual jefe del Govern, Pere Aragonès, y los dirigentes de EH Bildu Arnaldo Otegi y Jon Iñarritu.

Citizen Lab, vinculada a la Universidad de Toronto, ha iniciado una segunda fase del estudio sobre el caso, cuyos primeros resultados hizo públicos hace dos semanas, y lo ha hecho en cooperación con los afectados por las primeras escuchas. Que salgan a la luz nuevos nombres de personas presuntamente espiadas puede ser por tanto cuestión de tiempo. Según las mismas fuentes, la infección inicial pudo actuar como una “onda expansiva”. Así, desde los teléfonos principales ya detectados, el sistema Pegasus pudo tener acceso a otros números de teléfono guardados en las agendas, que habrían sido infectados a su vez.

Para ese contagio se usaron mensajes de texto que aparentaban ser noticias, actualizaciones de aplicaciones como Twitter, notificaciones de la Seguridad Social, avisos gubernamentales sobre el covid o envíos de paquetes y tarjetas de embarque. El laboratorio de Citizen Lab habría localizado hasta 200 mensajes SMS con esa finalidad perversa.

En este contexto, la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, afirmó ayer que el espionaje a líderes independentistas es un “ataque a toda la ciudadanía que democráticamente ha escogido a los representantes de las instituciones”. Criticó además los daños colaterales que supone para las personas que mantuvieron contacto telefónico con los políticos afectados.

Calificó por ello este caso como un escándalo mayúsculo porque aunque hasta ahora solo se hayan podido acreditar 65 personas espiadas, “el alcance puede ser mucho mayor”, algo que rompe la confianza de ERC con el Gobierno español.

En un acto sobre el mundo local en Castellcir (Barcelona), y acompañada por la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, y los exconsellers Meritxell Serret y Raül Romeva, Marta Vilalta defendió que ERC sigue apostando por la negociación como “mejor vía para solucionar el conflicto”. Censuró que el Gobierno de Sánchez no sea capaz de asumir responsabilidades y de apartarse de lo que calificó de “guerra sucia” y “cloacas”.

También subrayó que el Ejecutivo ya ha reconocido el espionaje con las declaraciones del pasado miércoles de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Añadió que lo que debería hacer un Gobierno “comprometido con los derechos más fundamentales y la democracia es ir hasta el fondo de la cuestión, investigar, aclarar la información y ser absolutamente transparente”, todo ello junto a las dimisiones pertinentes.

Dimisión de Robles. EH Bildu evita de momento pedir ceses por el espionaje a políticos independentistas desvelado por ‘The New Yorker’ y por eso no exige expresamente la dimisión de la ministra de Defensa, Margarita Robles, como sí lo han hecho ERC y la CUP. Según explicó el diputado de la coalición abertzale Jon Iñarritu, prefieren esperar a conocer si el espionaje lo ordenó el Gobierno o si fueron sectores de las Fuerzas de Seguridad o la Inteligencia del Estado los que actuaron “por libre”.