- Pere Aragonès sigue aumentando los decibelios de su discurso desde que se destapó el espionaje a decenas de dirigentes independentistas, incluidos activistas y abogados, y ayer dio un paso más allá al fijar a Pedro Sánchez un plazo para responder a este asunto. El president le emplazó a ofrecer explicaciones en una semana y le advirtió de que necesitará ver “renuncias” si el Gobierno español es responsable de ello. El decreto anticrisis y otras leyes dependen del apoyo de Esquerra y de unos socios de investidura que, de no apreciar una solución a lo acontecido, podrían finiquitar la legislatura. En sendas entrevistas con las agencias internacionales AP y AFP, cuyo contenido recoge The Washington Post, el republicano reclama una investigación interna y una comisión de investigación en el Congreso que determine quién debe asumir responsabilidades, sospechando que detrás de todo está el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). “Podemos estar seguros de que es el CNI”, zanjó Aragonès.
El Jefe del Govern no oculta que si no se depuran culpabilidades el gabinete de Sánchez podría tener las horas contadas. “En gobiernos de nuestro entorno europeo, un caso de estas características llevaría quizás a la caída de algunos miembros del Gobierno, y si no se da una respuesta adecuada, la del conjunto del Gobierno”, advirtió en el Canal 24 Horas de TVE. En ese caso, la responsabilidad será “en función de quién sabía, quién autorizó estas acciones o quién no”. “Y cuando hablo de responsabilidad, quiero decir que necesitaremos ver renuncias”, recalca el president, que entiende que el Ejecutivo español puede averiguar lo que necesite en muy poco tiempo. Aragonès hizo hincapié en que el CNI aún no ha negado haber comprado el software y critica que Moncloa se escude en que las actuaciones de este órgano de inteligencia están sujetas a la legalidad vigente y que sus actuaciones son secretas.
En este escenario, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseveró que su Ministerio “no ha comprado” el programa Pegasus y que tampoco han mantenido nunca negociaciones con la empresa responsable de la misma, pero no entró a valorar en si han tenido conocimiento de algunos temas a través del mismo. El ministro dijo que “España es un Estado de Derecho donde se aplica la ley”, con un Gobierno que “se somete al ordenamiento jurídico en todas y cada una de sus actuaciones”. “Que la ciudadanía no tenga ninguna duda al respecto; forma parte de nuestro ADN el acatamiento y cumplimiento estricto de la ley”, defendió.
Desde Unidas Podemos, más alineados con las formaciones espiadas, entre las que no se descarta que esté la fuerza morada, la vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Yolanda Díaz, trató de amansar las aguas llamando a Aragonès a “preservar el diálogo” entre gobiernos ante un hecho que, por supuesto, considera “muy grave”. “La democracia se encuentra ante un caso de enorme gravedad y no hay que tener ningún miedo a dar todo tipo de explicaciones”, valoró, aunque cree que “en momentos complejos, el diálogo ha de ser más fuerte que nunca”. “Hoy más que nunca: diálogo, diálogo y diálogo”, apeló Díaz.
Entre tanto, la Comisión Europea recordó que no es su “función ni competencia” investigar los casos de espionaje, sino de los Estados miembros, aunque sí que instó al Estado español a examinar las denuncias de los líderes independentistas. Un portavoz comunitario aseguró que Bruselas espera que “las autoridades nacionales examinen a fondo” las denuncias para restablecer la confianza de los ciudadanos. “Cualquier intento por parte de los servicios de seguridad nacional de acceder ilegalmente a los datos de ciudadanos, incluidos los opositores políticos, si se confirma, es inaceptable”, subrayan desde Europa.
El prestigioso diario estadounidense The Washington Post se hace eco del uso del Pegasus y software similares en el Estado español y otras partes del mundo, y pide una condena al espionaje a los dirigentes independentistas. “Cuando las democracias incurren en violaciones de las libertades civiles tan flagrantes como parece haber ocurrido en Catalunya, merecen una condena”, sostiene en su editorial. El rotativo cree que incluso cuando se usa software espía “con aprobación judicial o justificación legal”, se sigue “causando daño al otorgar legitimidad y apoyo financiero a un producto exportado a lo largo y ancho para todo tipo de malversación”, en alusión al programa Pegasus de la empresa israelí NSO.
“La democracia está ante un caso muy grave, pero ahora el diálogo ha de ser más fuerte que nunca”
Vicepresidenta segunda del Gobierno
