- El Parlamento Vasco puso ayer pie en pared y expresó un respaldo cerrado a la ley vasca 12/2016, conocida como de abusos policiales, frente a los intentos de desvirtuar su esencia y objetivos. Así, una mayoría de la Cámara -todos los grupos excepto PP+C’s y Vox- avalaron la labor de la Comisión de Valoración encargada de analizar las solicitudes para acogerse a esta norma, y que ha rechazado en torno a medio millar presentadas por policías, guardias civiles y víctimas de ETA, porque ya existe una ley específica para víctimas del terrorismo.
Este asunto llegó al pleno del Parlamento por iniciativa de EH Bildu, después de que el Departamento de Justicia, Igualdad y Políticas Sociales desvelara que el grupo de expertos ha rechazado 460 peticiones de miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado y 50 de víctimas de ETA para acogerse a la ley de víctimas del Estado, al no cumplir los requisitos de acceso a la misma. La Cámara instó además al Gobierno vasco a “continuar el trabajo de desarrollo e implementación de la ley, estableciendo los recursos materiales y humanos necesarios para dar así respuesta a los derechos que asisten a las víctimas”.
El legislativo de pronunció en estos términos tras la enmienda que acordó EH Bildu, PNV, PSE y Elkarrekin Podemos, en la que reafirman el compromiso del Parlamento con los derechos a la verdad, la justicia y la reparación “que asisten a todas las víctimas y, en este caso concreto, a las reconocidas en la Ley 12/2016 de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el Contexto de la Violencia de Motivación Política en la CAV entre 1978 y 1999”.
La enmienda, que salió adelante por 66 votos a favor y siete en contra, expresó además su rechazo a “cualquier intento de desvirtuar el espíritu y la letra” de la ley, y mostró su “reconocimiento y apoyo a todas las víctimas a las que legítimamente está destinada”. Se refería así a las centenares de solicitudes tipo enviadas por personas ajenas al objeto de esta ley con el fin de difuminar su efectividad, una ofensiva amparada por asociaciones policiales.
Así lo demostraron ayer la asociación de la Guardia Civil, Jucil, y el sindicato mayoritario de la Policía, Jupol, que se apresuraron en denunciar que el rechazo a estas solicitudes “es una muestra más de la situación de desamparo en la que, todavía hoy”, trabajan los agentes en Euskadi. También “de la discriminación y segregación que a diario viven tanto miles de ellos como sus familias en este territorio”, según el portavoz de Jucil, Agustín Leal.
El portavoz de Jupol, Pablo Pérez, manifestó por su parte su “profundo descontento” por la falta de reconocimiento a las FSE en esta ley y pidió “una rectificación”. Tal y como reclamaban sendas proposiciones no de ley del Parlamento Vasco de 2011 y 2015, su finalidad es ampliar el amparo legislativo del que ya disfrutaban las víctimas del terrorismo a quienes han sufrido el “abuso de poder o el uso ilegítimo de la violencia policial”, un paraguas bajo el que no caben las víctimas de ETA, que tienen su normativa específica.
En el debate parlamentario de ayer, el representante de EH Bildu Julen Arzuaga atribuyó las solicitudes rechazadas a una “campaña” diseñada por “lobbies corporativos policiales de corte fascista”, con el fin de “desvirtuar y desprestigiar” esta ley. Calificó por ello a estos grupos de “negacionistas de las víctimas que ellos mismos han perpetrado”.
El PNV calificó de “sarcasmo” que “más de 400 funcionarios públicos pretendan ser reconocidos por una ley que busca proteger a las víctimas de abusos policiales”, el PSE defendió que “el reconocimiento de todas las víctimas fortalece el Estado de Derecho” y Elkarrekin Podemos denunció el “boicot orquestado” contra la ley. Carmelo Barrio (PP+C’s) calificó la iniciativa de EH Bildu como un intento de “desprestigiar y deshonrar” a las FSE, que según él “tienen cabida” en la ley.
Casa cuartel de Zaragoza. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido 2.354 años de prisión para el exjefe de ETA José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, por el atentado perpetrado en 1987 contra la casa cuartel de Zaragoza, que dejó once muertos, incluidos cinco menores. En un escrito del 31 de enero, el Ministerio Público reclama una pena de 30 años de cárcel por cada uno de los 11 delitos de asesinato consumado y de 23 años por cada uno de los 88 delitos de asesinato frustrado. La Fiscalía señala a Urrutikoetxea como autor “tanto por inducción como por cooperación necesaria” de esos 99 delitos. Josu Ternera fue detenido en mayo de 2019 en Sallanches, en los Alpes franceses, y el Gobierno español pidió su extradición por este atentado.
“Los ‘lobbies’ policiales son negacionistas de las víctimas que ellos mismos han perpetrado”
Parlamentario de EH Bildu
