El caso por la muerte de Iñigo Cabacas en abril de 2012 como consecuencia del impacto de una pelota de goma disparada por la Ertzaintza ha vuelto al Parlamento Vasco por iniciativa de EH Bildu. El motivo genérico, conocer qué “medidas ha adoptado el Departamento de Seguridad” tras la muerte del joven de Basauri, se ha traducido en la exigencia de “consecuencias disciplinarias individuales” para los seis agentes que se sentaron en el banquillo de los acusados, una vez el juicio se resolvió con tan solo una condena, mientras que el resto fueron absueltos.
Es decir, el parlamentario de la coalición abertzale Julen Arzuaga ha querido conocer el estado de la investigación interna en la Policía vasca, y ha calificado de “decepcionante” y “obscena” la respuesta del consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, que ha asegurado que el proceso está “totalmente cerrado” en el caso de cinco agentes porque ya están fuera del cuerpo. Solo uno de los encausados sigue siendo funcionario, y su expediente se resolverá “en los próximos días”, ha añadido.
REPARACIÓN DISCIPLINARIA
Los propios padres de Cabacas, Manu y Fina, han acudido a la comisión parlamentaria junto a sus representantes legales, ocupando una sala anexa cuando el próximo año se cumplirá una década del trágico suceso. El procedimiento judicial está “cerrado” con una “sentencia firme” que establece un “relato de los hechos”, ha comenzado admitiendo Arzuaga. Pero la condena a dos años de prisión y cuatro de inhabilitación al agente de mayor rango al mando del operativo no satisfizo a la familia, que se ha sentido “humillada y maltratada”, según el parlamentario, al no tener efectos prácticos, ya que para entonces ya no formaba parte de la Ertzaintza.
A finales de diciembre de 2020 el Tribunal Supremo confirmó esta condena por homicidio imprudente, aunque el pasado abril la Audiencia de Bizkaia suspendió su ejecución, por lo que no entró en la cárcel. Arzuaga ha considerado que la sentencia, que se dictó “por imprudencia grave”, abre la puerta a que la familia y la propia sociedad obtengan “una reparación por la vía disciplinaria”.
CUMPLIR ÓRDENES
Erkoreka ha explicado por su parte que el mando condenado se dio de baja, por lo que al no ser ya funcionario no se le puede pedir ninguna responsabilidad disciplinaria. De los otros cinco agentes juzgados, cuatro están de baja por incapacidad laboral y han visto sus expedientes archivados por la misma razón. Queda un ertzaina de base en activo que, según el consejero, se limitó a cumplir con las órdenes que le dieron y, tal y como asegura el fallo judicial, es imposible determinar quién lanzó la pelota de goma. Ha añadido que fue absuelto en el juicio, por lo que es difícil saber si cometió una infracción.
En cuanto a los grupos, PP+C’s ha calificado la comparecencia de “continuación del juicio penal” y una “enmienda a la totalidad a la actuación de la Ertzaintza”, mientras Elkarrekin Podemos-IU ha reclamado una “reflexión” y una “reparación parcial” dentro de la Ertzaintza y de los propios políticos. El PSE ha visto “correctas” las explicaciones de Erkoreka y el PNV ha insistido en que “no es posible ni legal imponer medidas disciplinarias a quien no se le han podido aplicar” por la vía penal.
