ere Aragonès cumplió ayer 100 días al frente de la Generalitat, plazo en el que se ha podido vislumbrar su talante como president, algunos cambios con respecto a su antecesor Quim Torra y, sobre todo, el perfil gestor del dirigente de ERC.
Y es que, a diferencia de los anteriores ejecutivos catalanes, este Govern ha optado por marcar un ritmo más pausado a las reivindicaciones independentistas y centrarse por el momento en la gestión de la pandemia y de la economía. Ahora, sin embargo, la cuestión soberanistas volverá al primer plano con la reunión de la mesa de diálogo con el Estado durante la tercera semana de septiembre.
Aragonès fue investido presidente después de tres meses de negociaciones entre ERC y Junts, en los que llegó a peligrar la reedición de la coalición, y gracias al apoyo de la CUP, que le permitió convertirse en el primer presidente de ERC escogido en las urnas ocho décadas después.
Desde el inicio, la gestión de la pandemia del coronavirus ha sido la principal protagonista de sus primeros días al frente del Govern, aunque él ya había ejercido en los últimos meses como máximo responsable del Ejecutivo desde la inhabilitación de Quim Torra.
Así, Aragonès fue investido poco después de que decayera el estado de alarma y tras la cuarta ola de la pandemia, por lo que focalizó los esfuerzos en acelerar la vacunación y en la recuperación económica y social en Catalunya. En paralelo a la gestión de la situación sanitaria, Aragonès ha afrontado un deshielo de las relaciones de la Generalitat con el Gobierno de Pedro Sánchez, que en las primeras semanas estuvo focalizado en los indultos a los presos del 1-O, que el president catalán recibió como un paso para dar “credibilidad” al diálogo pero insistió en que, para él, la solución al conflicto pasa por la autodeterminación y la amnistía.
El primer encuentro entre los dos presidentes se produjo el 7 de junio en un acto de Foment del Treball y se reunieron por primera vez en La Moncloa el 29 de junio, cuando pactaron reactivar la Comisión Bilateral -se reunió a principios de agosto- y la mesa de diálogo, que se prevé en Barcelona para la semana del 13 de septiembre.
Precisamente esta reunión para retomar la mesa de diálogo marcará el inicio del curso político tras el periodo estival, que ha limitado la actividad del Govern de Aragonès en estos primeros 100 días, y todavía está por ver quién participará -el president ya ha dicho que él encabezará la delegación catalana- y qué día exacto será.
Aragonès ha reiterado desde su investidura que su prioridad es el diálogo con el Gobierno de Pedro Sánchez para buscar una salida política al conflicto y que el Govern planteará un referéndum pactado y la amnistía como propuestas para esta resolución.
Desde su llegada a la Presidencia, una de sus promesas ha sido que antes de retomar la mesa de diálogo convocaría un Acuerdo Nacional por la Amnistía y la Autodeterminación para visualizar el apoyo de partidos y entidades a estas dos demandas, pero a falta de tres semanas para la reunión entre gobiernos se desconoce si convocará o no este órgano.
Sin embargo, y pese a que la apuesta por el diálogo se incluyó en el pacto de Gobierno entre ERC y Junts, esta estrategia de negociación ha aflorado nuevas fricciones entre los dos socios del Ejecutivo catalán en los últimos meses, ya que dirigentes de la formación de Carles Puigdemont han renegado de la mesa de diálogo e incluso han planteado no darle los dos años de margen que habían pactado, algo que los republicanos entienden como un incumplimiento del acuerdo de Gobierno.
Por su parte, en Ciudadanos realizaron ayer su propia valoración de los 100 primeros días del Govern y criticaron su “nefasta gestión sanitaria y nula gestión económica”.
Según el portavoz naranja en Catalunya, Carlos Carrizosa, la Generalitat ha sido “incapaz” de “arbitrar medidas que sean avaladas por los tribunales” para contener la pandemia, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) denegase el nuevo toque de queda propuesto para grandes ciudades. “Hay una falta de seriedad en las propuestas del Govern”, consideró Carrizosa.
La estrategia de negociación con el Estado ha aflorado nuevas fricciones entre los dos socios del Ejecutivo catalán en los últimos meses