- Un grupo de europarlamentarios se trasladará al Estado español el próximo noviembre con el objetivo de investigar los 379 asesinatos de ETA que aún continúan sin esclarecerse, una cifra que parte de un estudio realizado por Dignidad y Justicia que dio pie a la iniciativa impulsada en el Parlamento Europeo para llevar a cabo esta misión parlamentaria que tuvo que ser aplazada por la crisis sanitaria. Así se decidió en una reunión de los portavoces de los distintos grupos de la Eurocámara, aunque faltan por cerrarse las fechas exactas.

La misión fue aprobada en enero de 2020 pero la pandemia de coronavirus obligó a retrasar la visita hasta que la situación epidemiológica lo permitiera. El fin es que la delegación europarlamentaria pueda entrevistarse con víctimas y autoridades policiales y judiciales. Este asunto llegó a la comisión europarlamentaria por una queja del representante de la asociación Dignidad y Justicia Miguel Ángel Rodríguez Arias, que ya expuso la situación ante los eurodiputados en 2017 y 2018 y apuntó la conveniencia de que los eurodiputados visitaran el Estado.

Tras decidirse el pasado noviembre no archivar el caso y mantenerlo abierto, la Comisión de Peticiones aprobó esta investigación con los votos del PP, Ciudadanos y de Vox mientras que el PSOE, Podemos y los europarlamentarios de formación nacionalistas la rechazaron. En 2017, el Parlamento Europeo ya recibió una petición de Dignidad y Justicia para implicarse en estos asesinatos sin resolver. El argumento utilizado por la asociación dirigida por Daniel Portero se basa en “el incumplimiento por parte de España de su deber de llevar a cabo una investigación oficial, efectiva e independiente”, dado que hasta el momento no ha podido “enjuiciar a los responsables ni indemnizar a las familias de las víctimas” de los 379 asesinatos de la organización terrorista. “Es muy importante conocer la verdad sobre los crímenes de ETA que están por resolver, y confiamos en que esta misión ayude a ello”, señaló la presidenta del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat.

Pese a que la mayoría de delitos por homicidio o asesinato han prescrito para los autores materiales, Portero explica que si la misión llega a buen puerto, será posible juzgar a las decenas de dirigentes que tuvo ETA a través de la vía de los crímenes de lesa humanidad. Cuando la asociación Dignidad y Justicia elaboró el informe con los asesinatos sin resolver, se calcularon un total de 379, restando el de la bebé Begoña Urroz -la mató el DRIL- y el del funcionario de prisiones Máximo Casado, atribuido a Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, y a otros miembros de ETA.

Pese a todo, la representante de la Comisión Europea, Heike Buss, alegó que Bruselas no tiene competencias para investigar la cuestión. “La Unión Europea no tiene competencias para intervenir en la gestión del sistema judicial de un Estado miembro”, dijo, y puntualizó que las decisiones judiciales corresponden al Estado en cuestión. Desde los socialdemócratas europeos y el grupo de los Verdes se constató igualmente que Bruselas no puede valorar este tipo de sentencias judiciales. “Debemos ser honestos con nosotros mismos y reconocer que esta tarea solo podrá ser ejercida por nuestros tribunales”, dijo Domènec Ruiz Devesa (PSOE).

“Humillada” por el PNV. El presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, observa un “deterioro” en la Comunidad Foral por el “pacto vergonzante” con Bildu que el PSN “quiere seguir reforzando” ante la “falta de liderazgo” de María Chivite, que “ha aceptado las imposiciones de EH Bildu y Geroa Bai para ser presidenta”. Señaló que las “diferencias” entre los socios frenan iniciativas como el decreto del euskera, el mapa local, la financiación de las entidades locales, el TAV o el Canal de Navarra. Y aseguró que “hemos visto a Chivite humillada por el PNV, erigido como interlocutor válido a la hora de traspasar competencias como tráfico o el IMV”.