- El Tribunal de Cuentas ha rechazado ampliar el plazo fijado para mañana a los 34 excargos de la Generalitat que deberán abonar la fianza de 5,4 millones de euros que les reclama en concepto de responsabilidad contable por el presunto uso irregular de fondos para las denominadas embajadas catalanas y el Consell de la Diplomacia Pública de Catalunya, conocido como Diplocat.

A través de una providencia, la delegada instructora Esperanza García Moreno señaló que el plazo concedido es “razonable y suficiente para proceder al afianzamiento señalado”. El órgano fiscalizador dio un plazo de 15 días hábiles a las defensas de los excargos -entre los que se incluyen Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Artur Mas- para depositar la fianza, impuesta para que puedan hacer frente a las responsabilidades contables a las que pudieran ser finalmente condenados. Si las defensas no abonan la caución correspondiente, se procederá al embargo de bienes.

Mientras avanzaba el plazo, la defensa de Puigdemont presentó un recurso contra la fianza reclamada. En un escrito, pidió que se anulara la caución al considerar que “tiene reconocida inmunidad como europarlamentario”, condición que “alcanza a cualquier instancia y jurisdicción, incluido el Tribunal de Cuentas”. La defensa añadió que, en el caso de que no fuesen acogidas sus pretensiones, se ampliara el plazo para el pago de la fianza y que se aclarara cómo la instructora había llegado a determinar el importe.

En este procedimiento también consta el recurso interpuesto por la defensa de Artur Mas, quien alegó indefensión por una “irregular” tramitación de diligencias, pidió anular la liquidación provisional hasta que se resolviese su petición y reclamó suspender el plazo para abonar la fianza.

Según el acta de liquidación provisional, el Tribunal de Cuentas reclama a 34 excargos cantidades individuales por conceptos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos puestos en el Govern. La mayor suma se le atribuye al exsecretario del Diplocat Albert Royo, 3,6 millones; le siguen la exinterventora de la Generalitat Mireia Vidal, por 3,1 millones; el exconseller de Presidencia Francesc Homs, por 2,9 millones; el expresident Artur Mas por 2,8 millones; y el exconseller de Economía Andreu Mas-Colell por 2,7 millones.

En el caso de Raül Romeva, uno de los nueve indultados por Moncloa, la cifra alcanza los 2,1 millones de euros; Junqueras -también beneficiado por la medida de gracia- figura con una responsabilidad contable de 1,9 millones, al igual que Puigdemont. Aunque se les reclama a cada uno cantidades individuales, todos ellos deberán responder al total de 5,4 millones de forma solidaria.

Una vez que se hayan abonado las fianzas y resuelto los recursos se trasladará la pieza y demás actuaciones al representante de la entidad del sector público perjudicada -en este caso la Generalitat- y las acusaciones -Sociedad Civil Catalana y la Asociación de Abogados Catalanes- para que en un plazo de 20 días presenten demanda. Si no se llega a presentar, se dará traslado al Ministerio Fiscal, y de no hacerlo tampoco, se archivarán de oficio los autos.

Fondo del Govern. El pasado 6 de julio, el Govern creó un fondo con dotación inicial de 10 millones de euros para ayudar a los antiguos cargos de la Generalitat. Al mismo se podrá acoger cualquier funcionario al que pidan responsabilidades legales por actividades relacionadas con el desempeño de su cargo, siempre que cumpla ciertos requisitos. El Gobierno español está estudiando la legalidad de ese fondo para determinar si se ajusta a derecho o, en caso contrario, recurrirlo.