- El Gobierno español ha echado a rodar el balón de los Presupuestos del próximo año. Es una cuestión exigida por el propio calendario, porque durante este mes de julio se tiene que aprobar el techo de gasto, que es la antesala para redactar esas Cuentas. Pero también es una cuestión política: Pedro Sánchez ha lanzado durante semanas el mensaje de que la legislatura va a aguantar hasta principios de 2024 y, para ello, tiene que comenzar a proyectar señales de que está moviendo los Presupuestos y hay visos de que sean aprobados para garantizarse cierta estabilidad. Y, a diferencia de anteriores ocasiones, esta vez se comienza a filtrar a la prensa que va a centrar la negociación en socios de investidura como ERC y PNV, y no habrá maniobras de despiste con Ciudadanos. Es un grupo al que los socialistas dan por perdido tras los indultos a los presos soberanistas, y también por su acercamiento al PP y por la nula fiabilidad que ofreció como socio en la moción de censura fallida en Murcia, todo ello unido a su proceso de descomposición interna. Con carácter previo a redactar las Cuentas, además, tendrá que producirse una negociación entre los dos socios que componen el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, y vuelven a surgir ciertas tensiones porque este es el gran momento por excelencia que tiene a su disposición la formación de Ione Belarra para tratar de dejar su impronta. Esta vez, por la reforma fiscal.

La salida de Pablo Iglesias del Consejo de Ministros ha reducido el número de choques en público entre ambas partes, una discreción que se atribuye al perfil menos pendenciero de la vicepresidenta tercera Yolanda Díaz. En paralelo, se alcanzó un acuerdo para aprobar la Ley Trans, que permanecía varada desde hacía meses. Pero este clima no ha sido óbice para que la propia Díaz comience a elevar el tono para exigir el aumento del salario mínimo interprofesional, o para que vuelvan a saltar chispas con la reforma de la Ley de Vivienda, porque Podemos cree que la propuesta del ministro Ábalos permitiría que el alquiler subiera un 10% en zonas tensionadas. En clave presupuestaria, Podemos presiona con una reforma fiscal para situar en un mínimo del 15% el Impuesto de Sociedades, pocos días después de que el presidente Sánchez descartara expresamente abrir el melón de los impuestos con el argumento de que es el momento de consolidar la recuperación.

Pero, al mismo tiempo, Izquierda Unida, socia dentro de Unidas Podemos, matizó ayer por boca de Sira Rego que, aunque los Presupuestos pueden ser el marco para abordar esta cuestión, también puede haber otros marcos, lo que dejaba la puerta abierta a posponer la discusión y que no llegue la sangre al río. El impuesto mínimo del 15% es una propuesta estrella de Podemos desde 2016, aparece también en el acuerdo de gobierno con el PSOE (al igual que otras medidas como la subida del IRPF a las rentas altas), y se ha aplazado varias veces sin fecha por el contexto poco propicio de la pandemia, o con el argumento de que había que esperar a un momento de mayor estabilidad económica y recuperación que Podemos cree que ha llegado ya. Sánchez, por el contrario, considera que no es el momento. “No vamos a abrir en los Presupuestos de 2022 una revisión del modelo fiscal, que está pendiente, pero no para el próximo año”, decía el viernes. En realidad, una comisión de expertos trabaja ya en esta reforma, pero sus resultados no se conocerán hasta el año próximo, mientras que los Presupuestos tienen que registrarse en el Congreso en septiembre del presente año.

En una rueda de prensa de los coportavoces de Podemos Isa Serra y Pablo Fernández, Podemos marcó ayer como prioridad para los próximos Presupuestos del Estado que se profundice en una reforma fiscal siguiendo el camino del acuerdo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que contempla un tipo mínimo del Impuesto de Sociedades a nivel global del 15%. Podemos argumentó que la vacunación contra el coronavirus ha avanzado y se ve la luz al final del túnel de la pandemia, de manera que se puede entrar ahora en una nueva fase no solamente de resistencia, sino también donde se planteen alumbrar “más derechos”.

A su juicio, la redacción de los Presupuestos es una “buena oportunidad” para hacerlo y para incrementar también el grado de cumplimiento del acuerdo de coalición con el PSOE. “Tenemos que seguir cumpliendo el acuerdo de gobierno y seguir avanzando en la recuperación económica”, dijeron. Serra aclaró que tendrán que hablar con su socio de coalición, pero creen que el acuerdo de la OCDE “marca el camino”. Este debate, en principio, afectaría solo de manera tangencial e indirecta a Euskadi, que tiene autonomía fiscal para regular este impuesto por el Concierto Económico, de ahí que las instituciones vascas no se vean concernidas por lo que vaya a aprobar el Congreso.

El PNV solo ha salido a la palestra para exponer sus condiciones cuando la prensa ha formulado preguntas al respecto. Así sucedió con Andoni Ortuzar en Radio Nacional la semana pasada, cuando avisó de que la posición del PNV dependerá de que los fondos europeos se repartan de manera justa con Euskadi. No obstante, la negociación con los jeltzales no ha comenzado todavía. Cuando salió a la luz la información de El País en la que fuentes del Gobierno español señalan al PNV como socio prioritario, aún no habían recibido una llamada de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Para el grupo jeltzale será determinante el reparto de los fondos europeos. Europa inyectará como mínimo 70.000 millones en los próximos años, de los cuales 19.000 están previstos para este año y 18.000 para el próximo. Una asignación decepcionante para Euskadi complicaría el respaldo del PNV. El Gobierno Vasco ya ha planteado iniciativas hasta 2026, con varios PERTE autonómicos (proyectos estratégicos territoriales que no deberían ser fraccionados), y que aspiran a absorber unos 6.500 millones. Además, el PNV se ha mostrado quejoso por el escaso nivel de cumplimiento de acuerdos adquiridos previamente sobre el Tren de Alta Velocidad o la transferencia íntegra del Ingreso Minimo Vital.

Por su parte, ERC empleará la negociación presupuestaria para asegurarse de que la mesa de diálogo sobre el conflicto político siga abierta, y para cumplir los compromisos económicos con Catalunya. Tras la reunión entre Pedro Sánchez y el president Pere Aragonès, la mesa de diálogo con Catalunya ya tiene fecha, la tercera semana de septiembre. La portavoz de ERC, Marta Vilalta, incidió ayer en que el respaldo a las Cuentas dependerá de las cifras de ese proyecto, pero también de que la vía de diálogo siga “abierta”. “Que esté abierta la vía del diálogo es imprescindible para poder entrar a negociar los Presupuestos. Y estamos ahí”, aclaró. PNV y ERC serán determinantes para aprobar el techo de gasto este mes en el Congreso de los Diputados.

“Tenemos que seguir cumpliendo el acuerdo de gobierno y seguir avanzando en la recuperación económica”

“El acuerdo de la OCDE para un Impuesto de Sociedades del 15% marca el camino”

Coportavoz de Podemos

“Que esté abierta la vía del diálogo es imprescindible para poder entrar a negociar las Cuentas”

“Los Presupuestos dependerán sobre todo de las inversiones y cifras para Catalunya”

Portavoz de ERC