El lehendakari reclamó por escrito al presidente español que prorrogue el estado de alarma con un pronunciamiento del comité técnico del LABI sobre la situación vasca bajo el brazo, pero su criterio no ha cambiado con respecto al mes de octubre, y sigue formulando su petición para el conjunto del Estado en general. Más allá de la coyuntura electoral, preocupa que Pedro Sánchez se resiste con un criterio de fondo: quiere impulsar el turismo, el momento actual es clave para las reservas con los turoperadores, y ayer la ministra Reyes Maroto animó a los ciudadanos a viajar.
Según fuentes del entorno del lehendakari, Urkullu cree que la posibilidad de adoptar medidas debe ser algo que compartan todas las autonomías en la medida en que el riesgo de contagio por coronavirus es comunitario, y todo este tiempo ha defendido que existan unos criterios comunes a nivel estatal o incluso europeo. Los criterios más o menos compartidos en el Consejo Interterritorial con las comunidades autónomas, y también en el decreto del estado de alarma, no significan homogeneidad porque la gestión está en manos de los presidentes autonómicos, que aplican las medidas en función de la realidad de su territorio y aflojan o endurecen las restricciones o los movimientos en los municipios en zona roja. Hay márgenes discrecionales en asuntos como el toque de queda (de 23.00 a 6.00 horas, con la opción de modularlo una hora antes o después).
La inquietud sobre la falta de garantías jurídicas para actuar está muy extendida en el Congreso de los Diputados. El estado de alarma habilita a las comunidades para decretar el toque de queda nocturno y los cierres perimetrales, y para restringir el número de personas en las reuniones. Sin él, todo queda en manos de los tribunales. Lo que plantea el lehendakari es tener la posibilidad de aplicar esas medidas, que no se hurte de antemano esa opción dejando caer el estado de alarma el 9 de mayo cuando se desconoce cuál será la situación en ese momento. El Gobierno Vasco cruza los dedos para que la incidencia baje y no sea necesario mantener las restricciones, pero insiste en tener la capacidad de aplicarlas. Por tanto, mantener el estado de alarma no implicaría que se tengan que aplicar necesariamente las restricciones, sino que se trataría de tener la capacidad de hacerlo si llegara una nueva ola a partir del 9 de mayo.
El comité de expertos del LABI prevé un estancamiento de la pandemia en la comunidad autónoma, pero ven prematuro confirmarlo y no es incompatible con que siga señalando la importancia de las limitaciones y con que haya pedido hacer las gestiones necesarias ante el Gobierno español. De ahí la carta de Urkullu a Sánchez sobre la que informó este periódico en su edición de ayer. Esta inquietud es ampliamente compartida entre comunidades como la catalana, preocupada por la caída del estado de alarma en la que insiste Pedro Sánchez. Otras como Cantabria han pedido una percha jurídica alternativa para poder seguir aplicando las medidas (al igual que lo plantea el PP con su reforma en el Congreso), y una comunidad socialista, Baleares, solicita un paraguas para mantener el toque de queda, que se retrasa una hora hasta las 23.00 pero se sigue aplicando y se defiende con convencimiento pese a las quejas de los hosteleros. No obstante, en puertas de las elecciones madrileñas, no está siendo habitual escuchar pronunciamientos de comunidades socialistas a favor de que Sánchez mueva ficha. En Nafarroa, María Chivite insiste en que aún queda tiempo hasta el 9 de mayo. Estos días ha defendido que hay herramientas, aunque su caso es ligeramente distinto porque su tribunal superior de justicia ha avalado medidas como el cierre perimetral.
La cara de la moneda la marca la Comunidad Valenciana, con una incidencia acumulada casi testimonial, de 40 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas (540 en la CAV). Está pensando en ampliar el horario de bares y comercios. Aun así, Compromís es uno de los partidos que más aprietan a Sánchez pidiendo garantías jurídicas. Hay un clamor. Solo una vez se ha aplicado un estado de alarma parcial en una comunidad, sucedió en Madrid, y no fue una experiencia de la que nadie guarde muy buen recuerdo. De ahí que, aunque se recoja en el artículo quinto de la Ley 4/1981, no sea algo que plantee Moncloa ni que Urkullu sugiera.
El lehendakari vuelve a solicitar la alarma para el conjunto del Estado como ya hizo el 23 de octubre. Su movimiento fue secundado por otras comunidades y desembocó en que el día 25 Sánchez anunciase el estado de alarma para dar cobertura al toque de queda y las limitaciones en las reuniones. No era el escenario ideal del lehendakari. Había apostado por la legislación ordinaria y las reformas, pero ya no quedaba tiempo y el veto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra la limitación de las reuniones a seis personas lo abocó a dar el paso ante la evidencia de que faltan garantías jurídicas. La diferencia ahora radica en que Sánchez se resiste en puertas de las elecciones en la Comunidad de Madrid del 4 de mayo y todos asumen que no se actualizará su posición antes. El PNV en el Congreso plantea una prórroga hasta que se alcance la inmunidad de rebaño con la vacuna, ya entrado agosto. Se abre a estudiar una reforma exprés de la Ley 3/1986 de medidas especiales en materia de salud pública si Sánchez no cede.
Gobierno español. La vicepresidenta española Carmen Calvo insistió ayer en que el estado de alarma debe ser “excepcional” y no se puede “mantener en el tiempo”. Además, criticó al PP por “jugar políticamente” con las expectativas positivas de la gente.
PP. El líder del PP, Pablo Casado, alertó de que las autonomías pueden ver cómo los tribunales tumban sus medidas, y avisó a Sánchez de que, si no aprueba una alternativa a la alarma, será el “responsable”. “No debe jugar con la salud de las personas”, zanjó.
