- La situación se presta a la interpretación más fácil. Al contrario que el famoso turrón, el rey emérito no vuelve a casa, en este caso a Zarzuela, por Navidad. Y no lo hace, según informaba ayer la Cadena Cope, a causa de la situación de la pandemia de coronavirus y su condición de persona de alto riesgo. Juan Carlos I habría trasladado a sus allegados un mensaje en el que les señalaba que prefiere la estabilidad del lugar en el que se encuentra hasta que mejore la situación sanitaria en el Estado.

De hecho, varios medios de comunicación difundieron a lo largo de la mañana de ayer que el rey emérito se encontraba ingresado en una clínica de Abu Dhabi al haber dado positivo por coronavirus. Una noticia que posteriormente fue desmentida por la Casa Real.

Sin embargo, lejos de la cuestión derivada de la crisis sanitaria, se apunta que es otra crisis, la que ha generado su actuación en la comisión del AVE a La Meca o con las tarjetas opacas, lo que ha llevado tanto a la Casa Real como a Moncloa a "aconsejarle" que no regrese de momento al Estado español. Hace días, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y a preguntas de los periodistas, contestó que el posible regreso del emérito era una decisión sobre la que debía pronunciarse únicamente Casa Real. Y en los últimos días se han sucedido las presiones políticas para que Juan Carlos I no regrese en estas fechas, en vísperas del discurso de Nochebuena de Felipe VI.

Hay que señalar que este retorno se produciría apenas días después de que Juan Carlos I presentara ante la autoridad tributaria una declaración sin requerimiento previo, de la que ha resultado una deuda tributaria, ya satisfecha, por importe de 678.393,72 euros, incluyendo intereses y recargos, por lo dejado de pagar en impuestos correspondientes a ejercicios posteriores a su abdicación en junio de 2014.

El pago a Hacienda está siendo valorado por la Fiscalía para determinar la validez de la declaración en base al artículo 305.4 del Código Penal, que dice expresamente que se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, "antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias".

La investigación sobre el impago a Hacienda se une a las otras dos investigaciones ya abiertas al rey emérito. Una es por posibles comisiones procedentes del AVE a la Meca y que previsiblemente será archivada por no encontrarse indicios que se puedan perseguir respecto del exjefe del Estado, que es aforado ante el Tribunal Supremo. La otra diligencia hace referencia a que Juan Carlos I tendría casi 10 millones de euros en una cuenta activa en la isla de Jersey que habría intentado mover recientemente. Se investiga por ello la existencia de un trust en el que figura Juan Carlos I como beneficiario y que se nutre de fondos de otro vehículo financiero similar en las Islas del Canal constituido en la década de los años 90.

A la situación del emérito se refirieron ayer el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Dos posiciones que casan tan poco como el aceite y el agua.

En una entrevista en TVE, Esteban señaló que "el que se fuera a Abu Dhabi ya fue un escándalo per se, que continué, también". A su juicio, "está claro que la Jefatura del Estado no es una institución transparente".

Por su parte, Díaz Ayuso señaló que el rey Juan Carlos ha pagado sus "problemas con Hacienda y con la Justicia", con disculpas y también con la abdicación y, "a partir de ahí, todos somos iguales ante la ley".