El Consejo de Ministros aprobará este martes la nueva Ley de Memoria Democrática, un compromiso que Pedro Sánchez adquirió cuando llegó a La Moncloa para reparar y reconocer a las víctimas del franquismo y acabar con cualquier exaltación de la dictadura.
Esta normativa supone una actualización de la llamada Ley de Memoria Histórica que aprobó el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, un hito para impulsar medidas en favor del derecho a la verdad, justicia y reparación de las víctimas y cuyo su pleno desarrollo fue frenado por los posteriores Ejecutivos del PP.
La permitirá "prohibir e ilegalizar fundaciones que defienden la dictadura franquista", como la Fundación Francisco Franco, señaló Pedro Sánchez la semana pasada en el Congreso. .
Pero su principal finalidad es reforzar la cobertura legal para la búsqueda de personas desaparecidas y la exhumación de fosas, con la creación de un banco nacional de ADN al que los familiares de víctimas del franquismo podrán aportar muestras para facilitar la identificación de restos.
Del mismo modo, la normativa quiere habilitar la creación de un Censo Nacional de Víctimas que permita recabar información sobre todos los fusilados, represaliados y exiliados durante la Guerra Civil y la posterior Dictadura.
La resignificación del Valle de los Caídos se aborda igualmente con las previsiones necesarias para renovar su estatus jurídico y las condiciones en que allí descansan los restos de al menos 33.000 combatientes de los dos bandos de la Guerra Civil.
Otro importante aspecto en que incidirá la nueva ley es la prohibición de las asociaciones y fundaciones que hagan apología del franquismo porque "públicamente inciten, directa o indirectamente, al odio o violencia contra las víctimas de la Guerra Civil española y el franquismo por su condición de tales", tal y como explicó el Gobierno de Sánchez en respuesta a preguntas parlamentarias.
Esta medida requerirá modificar la Ley Orgánica del Derecho de Asociación y también la Ley de Fundaciones.
"Nulidad" de las condenas
Para avanzar en el proceso de reparación de las víctimas del franquismo se aprobarán nuevos instrumentos de reconocimiento y para ello se establecerá la "nulidad" de las condenas dictadas durante la Dictadura por motivos políticos, de ideología o creencias, un paso más allá de su "ilegitimidad", ya establecida en la ley de 2007.
En los últimos años ha sido recurrente la polémica por las medallas que conservaba el policía franquista Antonio González Pacheco, "Billy el Niño", acusado de torturas y delitos de lesa humanidad, ya que la legislación no permite que le sean retiradas, ni siquiera después de su fallecimiento, ocurrido en mayo pasado.
La Ley de Memoria Democrática quiere dar respuesta a la demanda de las asociaciones de víctimas y partidos de izquierda que llevan años exigiendo la desposesión de este tipo de honores, de modo que se abrirá el cauce legal para dejar sin efecto condecoraciones como las de "Billy el Niño".
La Ley de Memoria Histórica carecía de régimen sancionador aplicable al incumplimiento de sus disposiciones, algo que sí va a incluir el Gobierno en la Ley de Memoria Democrática, con un catálogo de infracciones que prevé las multas aplicables en función a su gravedad.
Objetivos de la Ley
- La recuperación, salvaguarda, conocimiento y difusión de la Memoria Democrática, con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de españoles y españolas en torno a los principios, valores y libertades constitucionales.
- El reconocimiento como víctimas de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil española y la Dictadura, promoviendo su reparación moral y la recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva, con arreglo a los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
- Creación de instrumentos de colaboración y cooperación entre las administraciones territoriales para la articulación de la política de memoria democrática, así como de participación de la ciudadanía y del movimiento asociativo.
- Regulación, definición y planificación de la políticas integrales de memoria democrática en aplicación de los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
- Asunción de la búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra Civil española y de la dictadura, planificación de actuaciones conforme a protocolos científicos y creación de un banco nacional de ADN.
- Protección de documentos referidos a la Guerra Civil y la subsiguiente represión política y derecho de acceso a dichos fondos documentales.
- Instrumentos de supervisión y tutela judicial e intervención del Ministerio Fiscal en materia de Memoria Democrática.
- Medidas de reparación de las víctimas.
- Garantía de no repetición de las violaciones de derechos humanos en el plano educativo, de la investigación y la divulgación.
- Declaración de lugares de memoria democrática, así como la retirada de símbolos y elementos de exaltación de la Guerra Civil y el franquismo.
- Medidas para supuestos de incumplimiento.
