- El Gobierno español sigue sin pulsar la tecla que le piden los ayuntamientos de todo el Estado. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comienza a asomarse al precipicio, y ha intentado aplacar la rebelión de los alcaldes en las últimas horas con un movimiento que se prevé baldío y que no ataca la raíz del problema. Se mantiene en la idea de que los ayuntamientos le presten sus remanentes para devolvérselos en un plazo máximo de quince años, pero intenta tentarlos con la idea de que será el Estado quien se haga cargo del pago de los intereses que suelen tener que abonar los municipios cada año por tener ese dinero sin moverlo y depositado en entidades bancarias, unos 70 millones. El problema radica en que los alcaldes quieren disponer de sus fondos e invertirlos en las necesidades de sus vecinos, no tenerlos secuestrados con ese préstamo al Estado, sobre todo ahora en plena pandemia del coronavirus y con la caída del empleo. Exigen al Gobierno español que modifique la Ley de Estabilidad y añada flexibilidad a la regla de gasto para que puedan endeudarse. Pero Montero no termina de dar el paso y defiende que la única vía para que puedan gastar el dinero es este rodeo del préstamo, que le den sus remanentes, y que el Estado los vaya liberando, a cambio de una inyección de 2.000 millones antes del 15 de octubre, y 3.000 el año que viene. La frialdad con la que se recibió su oferta ayer apunta a que tendrá que acometer una rectificación total del decreto.
El Boletín Oficial del Estado publicó ayer los matices. Hasta ahora, los ayuntamientos que tienen sus remanentes en el banco tienen que pagar por tener el dinero depositado. Son tipos negativos del -0,50%, unos 70 millones al año en total en todos los municipios. Montero propone que lo pague el Estado. Pero lo que quieren los alcaldes es poder gastar su dinero con autonomía en sus propias necesidades y que se flexibilice la regla de gasto. Esta controversia se remonta a las leyes de estabilidad del PP, del exministro Cristóbal Montoro, pero incluso los populares, por boca del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, consideran que ha llegado la hora de cambiar la ley porque "la Ley Montoro no es la Biblia".
La demanda une a alcaldes de todas las sensibilidades, desde el PP hasta los nacionalistas catalanes. El PNV y Gorka Urtaran, el presidente de la asociación de municipios vascos, Eudel, avisan de que la tutela financiera de los ayuntamientos vascos corresponde a las diputaciones, y no al Estado, porque en virtud del Concierto Económico no se financian de España, sino de sus fondos y de las diputaciones. Por ello, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, avisó también de que no cederá sus remanentes y de que la medida no le vincula. El viernes participó en una cita con una decena de alcaldes del Estado para mostrar su oposición. Ayer reaccionaron alcaldes estatales de la izquierda (no del PSOE), del PP, de Valencia y de Catalunya, para avisar de que este remiendo no satisface. Ada Colau avisó de que incurrirá en déficit por las bravas. El aviso es serio porque viene de los comunes, socios de Sánchez.
Esta amplísima mayoría y la advertencia del PNV de que votará en contra del decreto en el Congreso de los Diputados en septiembre aboca a Montero a rectificar o exponerse a su primera gran derrota. Sería también, en cierto modo, la primera gran derrota del Gobierno español. El precedente hay que buscarlo en el veto a las propuestas sociales de la comisión de reconstrucción. El PP va a utilizar este flanco débil de Pedro Sánchez para desgastarlo como presidente, con movilizaciones de sus alcaldes en las calles, un recurso al Tribunal Constitucional y mociones en los ayuntamientos. Tiene, además, la capacidad de boicotear el recorrido financiero de esta medida: el Gobierno español aspira a movilizar 14.000 millones de euros con el préstamo voluntario de los alcaldes, pero el PP ya ha dado la consigna a sus 2.860 municipios para que no entreguen ni un solo euro. Esta amenaza asfixia económicamente las previsiones de Montero. La ministra tiene sobre la mesa una petición de reunión de la decena de alcaldes con la que se reunió Aburto (el jeltzale no firmó el comunicado porque el modelo foral es singular, pero compartía el espíritu del descontento).
El Gobierno español ha sacado adelante por la mínima su propuesta con un acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias, donde el socialista Abel Caballero echó mano de su voto de calidad como presidente ante el rechazo del resto de partidos y la abstención de Unidas Podemos-IU. Hacienda trata de sofocar este boicot con el pago de intereses, y con la idea de que, si los municipios aceptan ampliar la devolución de diez a quince años, se beneficiarán de un interés del 0,05%.
Los ayuntamientos tienen hasta el 15 de septiembre para decidir si entregan el dinero. Desde el PP, el alcalde de Valencia de Compromís o los comunes de Ada Colau en Barcelona reiteraron que no lo harán. Solo los socialistas garantizan su lealtad, aunque comienzan a surgir voces disonantes como la del alcalde de San Sebastián de los Reyes. Sobrevuela un varapalo a Montero, que viene de resolver in extremis otro conflicto con el PNV por la reunión de la Comisión Mixta y su proceder unilateral en el reparto de fondos.
El president Torra alentó ayer un "cierre de cajas municipal" y reaccionó a la noticia del pago de intereses. "¿Qué es lo que no entiende el Estado español de que remanentes y superávits son de los vecinos y vecinas de los ayuntamientos? Llevamos meses insistiendo, meses perdidos para salvar puestos de trabajo y dar oportunidades a la gente. Adelante con el cierre de cajas municipales", lanzó en Twitter. En Barcelona, la alcaldesa de los comunes, Ada Colau, avisó de que utilizará sus remanentes por las bravas. "Habrá unos hechos consumados. Haremos déficit, sí o sí, sin ninguna mala fe. Nos pasará a todos, que gastaremos más de lo que ingresamos", dijo en Catalunya Ràdio. Pidió cambiar el marco de estabilidad y que, al igual que las comunidades y el Estado se pueden endeudar, puedan los municipios. En Valencia, Joan Ribó, de Compromís, ve "irrisoria" la contrapartida. El PP pide la comparecencia de Montero y Darias.
No se acogerá a la cesión voluntaria. Narciso Romero, el alcalde socialista de San Sebastián de los Reyes, anunció a través de Twitter que no se acogerá a la cesión voluntaria del remanente de tesorería al Estado. "Nuestro compromiso es con los vecinos, con la aplicación de un completo y ambicioso plan de inversiones con una dotación de más de 95 millones", aclaró.
Abel Caballero solo ve "minorías" frente a la mayoría del PSOE. El presidente de la Federación de Municipios y Provincias, FEMP, Abel Caballero, siguió defendiendo ayer el acuerdo con el Gobierno español, que él mismo fue responsable de alumbrar con su voto de calidad frente al rechazo del resto de alcaldes y la abstención de Unidas Podemos-IU. El socialista dijo ayer que "las minorías no pueden paralizar los acuerdos que son apoyados por las mayorías". En la Cadena Ser, aseguró que el PSOE "tiene detrás una inmensa mayoría de ayuntamientos porque ganó las elecciones municipales". "Es bueno ver el apoyo que tiene cada uno", despachó. A su juicio, el PSOE está resolviendo "un problema muy importante, el que causaron las leyes antimunicipalistas del Partido Popular".
"Remanentes y superávits son de los vecinos y vecinas de los ayuntamientos"
President de la Generalitat de Catalunya
"Habrá unos hechos consumados; haremos déficit sí o sí, nos pasará a todos"
Alcaldesa de Barcelona
